Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) ha ofrecido el dato del costo de cada paralización docente en las escuelas públicas del país.
La Asociación Dominicana de Profesores es el gremio que está siendo utilizado por una facción política para afectar la gestión del arquitecto Andrés Navarro en el Ministerio de Educación.
Las paralizaciones docentes han sido protagonizadas con frecuencia en esta gestión, del arquitecto Navarro, y cuando se analizan las causas de los reclamos sencillamente lucen desteñidos y exagerados.
El Partido de la Liberación Dominicana es quien controla al gremio de los maestros. Los presidentes de la ADP, por lo menos los dos últimos, son miembros del Comité Político, Radhames Camacho, y del Comité Central, Eduardo Hidalgo, el presidente actual.
No se entiende el cuadro que se ha creado. Tanto Camacho, que sigue influyendo en las decisiones del gremio, como Hidalgo, son de la corriente del presidente Medina en el PLD. Por tanto es extraño que ellos estén boicoteando la gestión educativa del presidente Medina.
En su discurso del pasado 27 de febrero, Danilo Medina habló sobre la gran revolución educativa que ha puesto en marcha. Destinando el 4% del PIB para el sector educación. Se combate el analfabetismo y se empieza a trabajar en la continuidad educativa, para insertar a los alfabetizados en labores productivas. República Digital está en marcha, y se dotará de computadoras a 900 mil estudiantes, y a 80 mil maestros.
De acuerdo a EDUCA cada día que se paraliza la educación pública el país pierde 500 millones de pesos. Las consecuencias que se derivan de las paralizaciones son terribles. Los productores de harina, que suplen el desayuno y la merienda escolar, están sufriendo pérdidas cuantiosas, además de las serias dificultades que estos paros ocasionan a las familias que tienen sus hijos en las escuelas públicas.
El diálogo no ha sido posible. El Ministro de Educación, acompañado de algunos miembros del Consejo de Educación, acaban de seleccionar a los 18 directores regionales del Ministerio, utilizando el procedimiento que manda la ley 66-97, que incluye evaluaciones, competencias, destrezas y pruebas de todo tipo a estos gerentes. La ADP rechaza la decisión y acusa al Ministerio de aliarse con municipios, diputados para hacer designaciones de carácter político. Lucen destempladas y políticas estas acusaciones. Quienes aspiraban al método autocrático eran los dirigentes de la ADP. Negocios, muchos negocios, habrán de por medio. De cualquier índole.
Mientras la guerra contra el Ministerio y contra Andrés Navarro se renueva con nuevas paralizaciones, que tienen un costo diario de 500 millones de pesos según EDUCA, habrá que trabajar para proteger le gestión del arquitecto Navarro, quien actúa de buena fe y con apego a la norma legal. Es un boicot al Ministro de Educación, pero de paso se están llevando las bases de la revolución educativa del gobierno de Danilo Medina.
Le toca al PLD hacer algo. Es muy claro que se trata de un problema político y de intereses particulares los que han llevado a una facción del PLD y de la ADP a realizar esta guerra deshonrosa y onerosa contra el ministro y contra el Ministerio de Educación.