El gobierno tiene que cambiar de actitud respecto de la persecución de la corrupción. Basta de declaraciones formales, basta de supuestas medidas de control, basta de pasar un paño con pasta a las denuncias que se formulan sobre actos de corrupción.
Hemos llegado a niveles alarmantes. Funcionarios públicos que encabezan redes criminales es algo para detener el tren del gobierno y repensarlo todo. Incluso para hacer un cambio de paradigma. Danilo Medina no puede permitir que su gobierno se hunda en el cieno putrefacto de la corrupción y terminar su administración con un estado de situación como el que estamos viviendo. La fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías ha presentado documentos en que afirma que el ingeniero Manuel Rivas, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA, encabeza una red criminal jerarquizada y organizada, que ha funcionado con los ejecutivos más influyentes de la OMSA, y que ahora son señalados como los ejecutores del crimen contra el abogado Yuniol Ramirez.
Es más que obvio suponer que Manuel Rivas, en el cargo en la OMSA desde el 2012, echó raíces y operó su red criminal amparado en el respaldo que él decía tener del presidente Danilo Medina. ¿Cuáles fueron los otros crímenes cometidos por esa red criminal y corrupta? ¿Se dedicaban solo a desfalcar a la OMSA? ¿Tenían otras operaciones, fuera de la OMSA, y que incidían en el transporte público?
Insistimos en que el Ministerio Público debe intervenir la OMSA y descubrir todos los detalles de las operaciones de este grupo que se imputa como criminal por parte del Ministerio Público. El presidente Medina designó a Héctor Mojica como nuevo director y le pidió supuestamente sanear la OMSA. No es el nuevo director que debe limpiar o sanear la OMSA, es el Ministerio Público que debe descubrir todas las conexiones, amarres, negociaciones, nudos y actividades vinculadas con el crimen organizado que se ponían en ejecución bajo la sombrilla de la OMSA.
Pero el caso de la OMSA es solo un elemento. Siguen los casos del Conseio Estatal del Azúcar, donde hay corrupción denunciada a borbotones, lo mismo en que en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que aunque se decidió su cierre, hay mucho para descubrir y someter a la justicia a quienes fueron responsables de desfalcos y robos de propiedades de esa entidad. Hay que investigar la corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), lo mismo que investigar las denuncias de corrupción en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), hasta hace poco dirigida por el ingeniero Diandino Peña. Y también investigar las denuncias de corrupción en otras instancias del Estado, como el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) o el Instituto Agrario Dominicano, o los Comedores Económicos, entre otras entidades públicas.
Es una verguenza que una red criminal haya operado desde la dirección de la OMSA y nadie se haya enterado, pese a que algunos medios de comunicación dieron a conocer hace cuatro años, como lo hizo Diario Libre, las incongruencias de la administración de la OMSA en las reparaciones de los vehículos, así como los altos costos pagados por esos servicios. Lo mismo que ahora estaba denunciado el abogado Yuniol Ramirez.
Entendemos que ha llegado la hora de un fuerte zapateo del gobierno para detener esta podredumbre que se percibe en toda la administración pública. Por el bien del presidente, por lo que luego diga la historia sobre él, y por el bien de la sociedad dominicana, que aspira a gobiernos con alguna dignidad ética.