El presidente Danilo Medina desde agosto del 2012 hasta diciembre del 2017, en seis años que lleva de gobierno, ha aumentado en un 86% el presupuesto de la justicia dominicana y para la persecución de los delitos.
Lo dicho por el presidente refleja con claridad que apoyo económico no ha faltado al sector justicia. Los salarios del personal han sido incrementado, las inversiones en infraestructura han sido considerables, y hasta se anunció la construcción de un Palacio de Justicia para la provincia Santo Domingo.
Danilo Medina dijo:
“En definitiva, la inversión total en el sistema de justicia, es decir el Poder Judicial y el Ministerio Público pasó de un total de RD$6,150 millones en 2012 a RD$14,430 millones en 2018. Se trata de un crecimiento sin precedentes en la historia de nuestro país”.
Se podría decir que el tratamiento del gobierno central con este sector ha sido justo. Es cierto que hay más reclamos, y que las aspiraciones de más inversión en el área podrían seguir creciendo. Si se comparara ese incremento con el que, en el mismo período, han tenido otros sectores, se verá que han sido privilegiados los sectores Justicia y Ministerio Público.
La pregunta sería si el Poder Judicial y el Ministerio Público han estado al mismo nivel en su desempeño de cumplimiento, cumpliendo con una justicia eficiencia, independiente, imparcial, creíble y buscando con la mayor responsabilidad la pulcritud y la credibilidad en su desempeño.