El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha dicho que el Ministerio Público actuará investigando la información dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el sentido de que funcionarios e intermediarios dominicanos habrían recibido entre el 2001 y el 2014 la suma de 92 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht para obtener beneficios en sus relaciones con el Estado Dominicano.
Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, ha dicho que la Fiscalía de Nueva York, quien realizó la investigación y facilitó el acuerdo con Odebrecht, cerró el caso y que los nombres de las personas beneficiadas con los susodichos sobornos no serán entregados a las autoridades dominicanas. Y que se trata de un caso difícil de descifrar.
Aunque parezca que ambos funcionarios están en contradicción, en realidad no lo están. Coinciden en que es necesario realizar una investigación interna, en República Dominicana, con los mecanismos que tenemos a manos.
Ya el Estado recibió colaboración del gobierno de Brasil para el caso de la compra de los aviones Tucano. La empresa confesó haber pagado sobornos por 3 millones de dólares en la República Dominicana. No parece haber mucho interés en el Ministerio Público en echar adelante esta investigación. Podría ocurrir que tampoco esté interesado el Ministerio Público en avanzar en la otra investigación.
Fueron doce los países en los que se pagó sobornos. El monto total pagado fue de 788 millones de dólares. El país que más pagos recibió fue Brasil, con 349 millones de dólares, seguido de Venezuela con 98 millones de dólares entre 2006 y 2014. La crisis política e institucional que vive Venezuela no vaticina una investigación independiente. En los rankings mundiales de corrupción realizados por Transparencia Internacional, Venezuela siempre aparece como uno de los países donde hay más corrupción. No sería extraño que esta investigación no se lleve a cabo.
Brasil tiene más de un año sancionando la corrupción a través de un sistema judicial independiente. El país ha sido testigo de la debacle de su sistema político y económico y de la profilaxis que se ha aplicado, que incluso se llevó de encuentro el gobierno de la presidente Dilma Rousseff.
Se podría entender que nada ocurrirá en la República Dominicana si el gobierno no se interesa en aclarar esta revelación. El presidente Medina ha sido un gobernante parco en asuntos de corrupción, e incluso en un momento pidió a los dominicanos no lanzar piedras al pasado, sino mirar al futuro, promisorio en transparencia.
La denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos es pasado y es futuro en el concepto expresado por el presidente Medina. Muchas cosas dependerán de lo que decida el presidente sobre este asunto. Algunos funcionarios y ex funcionario tendrían que hablar y exponer ante los fiscales y los jueces como repartieron esos 92 millones de dólares.
De los 13 años en que hubo sobornos 3 años corresponden al gobierno de Hipólito Mejía, en el inicio de la llegada de la empresa al país, con la construcción de una obra. Lo demás corresponde a gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que incluyen 8 años de Leonel Fernández y 2 años del primer gobierno de Danilo Medina.
Si se quiere investigar localmente ese tema, y dónde fue a parar todo ese dinero, es fácil para el gobierno y el Ministerio Público hacerlo. Cumpliendo con la ley, sin que que violar los derechos de nadie. Solo reclamando el derecho del Estado a conocer los detalles de una confesión que ha sido entregada por la empresa constructora a las autoridades de tres países, y a los cuales pagará multas por 2,600 millones de dólares.
Por la propia imagen de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, debían intentar presentar los datos más próximos a la verdad, como dijo el Procurador General de la República, en un momento emotivo, “caiga quien caiga”. Y se podría hacer justicia.