El informe de la Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina tiene aún aspectos que deberán analizarse más a fondo, más allá de las posturas políticas y los apasionamientos que documentos como el presentado a la opinión pública el pasado viernes, generan.
Ese informe sobre Punta Catalina da para cualquier cosa. Para imputar de responsabilidad penal a los miembros del comité de licitación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales o para liberarlos. Para acusar ante un tribunal a los directivos de la empresa Stanley Consultans o para eximirlos de responsabilidad.
Digamos que la Comisión Especial designada por el presidente Medina hizo su trabajo, resumió unas cuantas conclusiones, sin acusar a nadie, y presentó algunas sugerencias para modificar la ley de contrataciones públicas. Con ese informe se puede recurrir al Bando de Desarrollo de Brasil para que nos devuelva más de 6 millones de dólares en garantías que se le entregaron, previo al financiamiento, o para detener las conocidas adendas a que se acostumbró Odebrecht en todos sus contratos en el país.
Claro, como el informe fue entregado al Procurador General de la República, y Jean Alain Rodríguez prometió estudiarlo (no archivarlo y que el caso duerma el sueño eterno), habría que esperar algunas diligencias del Ministerio Público. Tomemos en cuenta que las plantas de Punta Catalina es la más grande de todas las obras y representa la madre de todos los contratos firmados por esa empresa en la República Dominicana en 17 años de operaciones.
Habría que preguntarse si con este informe la Procuraduría General de la República cerrará definitivamente la posibilidad de una investigación sobre Punta Catalina.
¿Y después de que termine este gobierno, en el 2020, si las nuevas autoridades decidieran investigar el caso Punta Catalina, podrían hacerlo? ¿Se abriría la investigación tomando en cuenta que el Ministerio Público no investigó el caso ni imputó responsabilidad penal ni civil a nadie?
¿Quedarían cerrado para siempre los plazos por siempre, para determinar si hubo o no irregularidades en el contrato de Punta Catalina?
¿Ante un eventual gobierno nuevo, a partir del 2020, cuál sería la suerte de los comisionados para la asignación del contrato de Punta Catalina al consorcio que lo ganó? ¿Los miembros de la Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina pudieran ser testigos en un proceso penal sobre Punta Catalina?
Si el Ministerio Público no hace más nada sobre este caso, en un eventual caso de persecución penal por una nueva administración, podría ser imputado el actual Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por falta de acción en una denuncia de corrupción y soborno, por Punta Catalina, aduciendo complicidad por la autoridad gubernamental actual?
Son preguntas que tendrían que responder especialistas en derecho, quienes seguro tienen respuestas juridicamente sustentables en un caso grave como este.