El Presidente de la Republica improvisó un discurso en la inauguración del gasoducto Caucedo San Pedro de Macorís, en el que expresa su enojo y frustración con los resultados y desempeño en el sector eléctrico en sus siete años y medio de gestión gubernamental.
Dice el Presidente, y con sobrada razón, que la situación hoy día está peor, ya que a pasar del esfuerzo y sacrificio fiscal para el Gobierno que ha representado transferir al sector eléctrico mas de trece mil millones de dólares.
La culpa del descalabro financiero del sector eléctrico de que hoy día la situación esté peor, no es culpa de las personas que formulan criticas constructivas a las ejecutorias del Gobierno en el sector eléctrico, sino que se deben al exceso de gastos corrientes y empleados en las distribuidoras y la CDEEE, a las altas perdidas de energía de las distribuidoras y a la muy deficiente gestión de los funcionarios correspondientes, quienes a pesar de manejar tan cuantiosos recursos económicos, la situación hoy este peor, según las propias palabras pronunciadas por el Presidente.
Según esos mismos funcionarios, con mil millones de dólares se resuelve el problema de las pérdidas en el sistema de distribución, y a pesar de que esos funcionarios han manejado transferencias del Gobierno por unos trece mil millones de dólares, según las palabras del Presidente, el problema de las pérdidas en la distribución y el déficit financiero del sector eléctrico sigue igual o peor.
El discurso refleja la frustración del Presidente, pero esa frustración en vez de volcarla hacia los críticos de la forma en como se ha ejecutado la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la misma debe ser dirigida y enfocada hacia los funcionarios con responsabilidades en el sector eléctrico.
Posiblemente, esos mismos funcionarios, fueron los que le vendieron la idea al Presidente, de que era mejor cancelar, sin ninguna explicación ni justificación, la licitación en marcha que había iniciado Celso Marranzini en el 2011 y que se encontraba en su fase final, para contratar hasta 1,500 Mw de nueva generación, sin que el Estado tuviera que erogar un solo centavo. Esa licitación se canceló sin llegar a evaluar las ofertas y dicha cancelación se hizo sin dar tampoco ninguna explicación al respecto.
Al producirse la cancelación abrupta y unilateral de la licitación promovida por la administración de Celso Marranzini, es cuando el Estado toma la decisión de desarrollar con recursos propios a Punta Catalina. La decisión del Estado de involucrarse en la construcción de Punta Catalina es la consecuencia directa de la cancelación unilateral, abrupta y sin explicación, de la licitación de potencia y energía que dejó Celso Marranzini.
Esos mismos funcionarios fueron los que dijeron que Punta Catalina costaría 1,500 millones de dólares, sin tomar en cuenta los gastos que tenía que realizar el Estado fuera del contrato EPC (supervisión, personal CDEEE, asesores -legales, financieros, ambientales, técnicos-, estudios, intereses y comisiones financieras durante construcción, pago prima seguro riesgo país. etc.). Lo gastado a la fecha, proyectando los resultados de la auditoria de la Cámara de Cuentas, supera los tres mil millones de dólares y contando.
El rol regulador del Estado es a través del regulador del mercado eléctrico y ese regulador se llama Superintendencia de Electricidad.
El Estado no regula los precios de generación ni el sector eléctrico construyendo activos de generación.
La planta AES Andrés de 300 Mw a gas natural, se instaló en el país fruto de un proceso de licitación convocado por las distribuidoras en el 2001, donde AES Andrés resultó ser la empresa que ofertó el precio de energía más barata.
La licitación del 2001, trajo como consecuencia la introducción del gas natural en la República Dominicana, con la instalación de los 300 Mw de AES Andrés, la conversión a gas natural de los 230 Mw de Los Minas V y VI y la instalación de la terminal regasificadora de gas natural en Andrés, inversiones que totalizaron más de 600 millones de dólares y que fueron realizadas en su totalidad por el sector privado, sin que el Estado Dominicano tuviera que erogar un solo centavo y sin que tuviera que otorgar garantía soberana.
Después del 2001, prácticamente no se realizaron licitaciones de energía, en consecuencia, el sector privado no podía arriesgarse a instalar nueva generación si previamente no se producían las licitaciones de energía por parte de las distribuidoras, que produjeran contratos de compra de energía a un plazo de diez (10) o quince (15) años.
Sin contratos de venta de energía, resulta muy difícil, por no decir prácticamente imposible para el sector privado, obtener financiamientos a tasas de interés razonable y competitivas.
Las empresas privadas que han instalado plantas de energía renovables, eólica y solar, lo han hecho por que han conseguido contratos de venta de energía con la CDEEE o con usuarios no regulados (UNR).
El sector privado invierte cuando de por medio existen licitaciones de energía que producen contratos de venta de energía. Sin licitaciones ni contratos de venta de energía, es prácticamente imposible que el sector privado invierta en nueva generación.
La conversión del parque de generación de San Pedro de Macorís, que incluye las centrales de Cogentrix, Quisqueya I y II, Sultana del Este y Los Orígenes, se ha podido realizar, por que la CDEEE, violando la Ley General de Electricidad, ha otorgado contratos grado a grado, sin licitación, a las empresas generadores que han decidido convertir sus plantas de generación para utilizar gas natural como combustible en lugar de derivados del petróleo.
Si la CDEEE no firma esos contratos que son violatorios de la Ley General de Electricidad, no se hubiera producido la conversión a gas natural del parque de generación de San Pedro de Macorís.
Para el Estado Dominicano poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina, como pretende el Gobierno, previamente la empresa creada, Central Termoeléctrica Punta Catalina, deberá haber firmado un contrato de venta de potencia y energía con las distribuidoras. Si ese contrato previo de venta de potencia y energía con las distribuidoras no se firma, prácticamente será imposible poder vender el 50% de las acciones de Punta Catalina.
Se afirma que no había gas natural para Republica Dominicana, pero desde el 2002 en Republica Dominicana se está utilizando gas natural para producir electricidad y se importa desde Trinidad Tobago.
No hay gas natural para República Dominicana, pero apareció para Panamá en el 2015 cuando AES gano una licitación para instalar una central de 380 Mw a gas natural, la cual entro en operación comercial desde mediados del 2018 y desde entonces opera con gas natural importado desde los Estados Unidos de Norteamérica (EUA).
¿Es EUA el único productor de gas natural en el mundo? Claro que no. ¿Y Trinidad y Tobago, Catar, Rusia, Países Árabes, Algeria, etc., no son países productores y exportadores de gas natural? Claro que sí y eso se puede comprobar fácilmente con el auxilio de Wikipedia en el siguiente enlace que muestra el listado de terminales exportadoras y receptoras de gas natural en el mundo. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_LNG_terminals
El enojo y frustración del Presidente es entendible y atendible y tiene todo el derecho y razón en expresarlo públicamente, pues con ese dinero desperdiciado transferido al sector eléctrico, son muchas las obras que pudo haber realizado.
Pero el Presidente erró en el blanco de su enojo y frustración. Debió apuntar hacia sus propios funcionarios del sector eléctrico. Ellos son los responsables.