Los últimos datos de las elecciones del domingo en Honduras ofrecen un claro perfil del fraude que allí se ha cometido por parte del presidente reeleccionista Juan Orlando Hernández.
El primer resultado del proceso electoral dado a conocer la madrugada del domingo, con el 57 por ciento de los votos escrutados, presentaba al presidente con un 5 por ciento por debajo del candidato opositor, el periodista Salvador Nasralla.
Sin embargo, luego de un silencio de tres días del tribunal electoral, al ofrecer los datos preliminares de las elecciones, se registra un giro inconcebible, y el presidente Hernández aparece ahora con una ligera ventaja sobre Nasralla. La tendencia nacional parecía muy clara a favor del candidato opositor, pero el “escrutinio lentamente realizado” ha sido virtuoso en un país que lleva por lo menos 38 años con una estricta prohibición de la reelección presidencial.
Escrutadas el 82.89 por ciento de las mesas electorales, Hernández, del Partido Nacional, se puso arriba con el 42.21 por ciento de los votos frente al 42.11 por ciento de Nasralla, de acuerdo a los datos más recientes publicados en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Está claro que aquí hay en marcha un fraude, y por eso no es de extrañar que Nasralla ya haya salido a las calles y convocara a sus simpatizantes a defender su triunfo en las elecciones del domingo, que está peligro por las patrañas oficialistas, que se iniciaron con la modificación del precepto de la no reelección a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró la reelección como un derecho humano elemental y que nadie podría ser impedido de postularse a un cargo electivo. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido en Costa Rica, previamente, con Oscar Arias, y lo que acaba de ocurrir ahora con Bolivia y las intenciones del presidente Evo Morales para perpetuarse en el poder, y lo que ya Nicaragua había sufrido con Daniel Ortega, con el mismo argumento se reeligió y consiguió postular a su esposa como vicepresidenta del país.
Son fraudes contra el sistema democrático. Se trata también de abuso de poder en extremo, pues además de utilizar las instituciones del Estado democrático, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, y los recursos públicos para engañar, extorsionar, entregar dádivas, comprar votos, se violenta la libertad individual de las personas a elegir libremente, y de quienes se postulan a puestos electivos, que al final jamás lograrían una elección frente a un candidato oficialista.
Ese es el trauma que está ocurriendo en América Latina, y que se está poniendo en evidencia que los políticos no tienen hiel ni siquiera frente a los preceptos constitucionales. Se auxilian de todos los mecanismos para perpetuarse en el poder.
Ya en la República Dominicana hay voces que están proclamando la misma teoría ridícula de que la libre elección es un precepto que está por encima de cualquier constitución, porque es un derecho humano elemental.