Un tribunal judicial especializado de Francia abrió oficialmente la investigación sobre Christine Lagarde, ex ministra de economía de ese país y actual directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), por supuestamente haber favorecido con el pago de indemnizaciones a un multimillonario francés.

No importa que la señora Christine Lagarde haya asumido recientemente la gerencia del FMI, luego de la salida abrupta y vergonzosa de Dominique Strauss-Khan, potencial candidato presidencial del Partido Socialista Francés, acusado de haber violado a una empleada del hotel en que se hospeda en Nueva York.

Tan pronto fue promovida a la posición en el FMI la señora Christine Legarde comenzó a ser acosada por denuncias sobre sus polémicas decisiones como ministra de economía para favorecer al empresario Bernard Tapie.

El Tribunal de Justicia de la República es el responsable de investigar y juzgar las actuaciones de la ex ministra y actual jefa del FMI. Tres jueces tienen que instruir el expediente y determinar si las imputaciones que se hacen de "complicidad en falsificación" y en "desvío de bienes públicos", son reales. Si el tribunal determina que las faltas que se le imputan son ciertas, la señora Legarde puede ser condenada a diez años de cárcel y 150.000 euros de multa.

Esta decisión de la justicia francesa debe desagradar al gobierno del presidente Sarkozy, pues Christine Legarde es una persona de su gobierno, cercana a él y es el segundo caso de una persona de Francia al frente del FMI que está siendo sometida a juicio por un delito grave.

La acusación contra Legarde es por favorecer el pago de una indemnización de 285 millones de euros, en el 2008, por la venta de la empresa Adidas, que había sido incautada por una serie de irregularidades cometidas por su propietario Bernard Tapie, quien fuera ministro de urbanismo en el gobierno de Francois Mitterrand.

Esta decisión de la justicia engrandece a un país como Francia, que independientemente de la influencia o prestancia que pueda tener un funcionario, en este caso una funcionaria, y hasta de los méritos que se le atribuyen, cuando aparecen elementos de sospechas que pudieran incriminarla, se procede para despejar cualquier duda.

Es decir, en Francia existe un sistema de consecuencias y nadie queda exento de pasar el filtro de la justicia cuando hay denuncias sobre irregularidades cometidas. Es bueno que estos casos se ventilen y que los resultados se aireen sin dilación, pues está en riesgo el honor y la credibilidad de una funcionaria que encabeza en este momento un organismo internacional que todavía no se restablece de las heridas infringidas por el anterior gerente, precisamente otro francés.