Pese a que el presidente Leonel Fernández designó el 2011 como el año de la Transparencia y la Institucionalidad, es poco lo que se está haciendo para conseguir que esa retórica gubernamental por lo menos parezca tener cierto grado de seriedad.

Recientemente un número importante de organizaciones empresariales, académicas, de la sociedad civil y populares lanzaron un movimiento llamado “Cumplamos la Ley”, como un reclamo directo al gobierno, al Congreso y a la justicia de que el país no puede seguir por el camino de la ilegalidad y la falta de transparencia.

Participación Ciudadana, el movimiento cívico no partidista, acaba de informar que realizó una evaluación del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 200-04, y que más de la mitad de las instituciones gubernamentales no cumple con el mandato de la ley.

A un deudor consuetudiario hay que aplicarle la ley, independientemente del cargo que desempeñe, como lo hacen las naciones civilizadas y respetuosas de la ley.

Se trata del Quinto Informe de  Monitoreo a la Aplicación de la Ley General de  Libre Acceso a la Información Pública No 200-04”, en el que se revela que más del 53 por ciento de las Instituciones Públicas no cumplen correctamente con la ley 200-04.

El Gobierno, sin embargo, tiene otras ideas, y por ejemplo en el combate a la corrupción, afirma que cumple el 95% de los planes trazados por la Iniciativa Participativa Anticorrupción, con auspicio financiero de las instituciones multilaterales y bilaterales establecidas en el país.

Según el informe de Participación Ciudadana, fueron investigadas 82 entidades del  sector público  dominicano,  entre ellas:  20 ministerios;  21 direcciones  generales;  24 instituciones  descentralizadas;  y  17 organismos  adscritos  y especializados. Y se determinó que los niveles de transparencia son precarios.

No puede haber transparencia, sin embargo, en una nación donde un ministro importante, como Euclides Gutiérrez Félix, Superintendente de Seguros y miembro del Comité Político del PLD, desbarra impunemente contra dos periodistas honestas y esforzadas como Nuria Piera y Alicia Ortega, llamándolas ignorantes y analfabetas, por el ejercicio que ellas han hecho de la libertad de expresión y de información en un caso en el que el propio funcionario ha quedado mal parado.

Precisamente esta semana, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, ha tenido que desplazarse a la residencia de Euclides para poder firmar un acuerdo de pago nuevo, porque otros los ha incumplido, para saldar deudas por más de 3 millones de pesos que tiene por servicio de energía eléctrica que no ha pagado. Lleva 4 años el funcionarios recibiendo la luz sin pagarla.

En vez de Celso Marranzini, a la residencia de Gutiérrez Félix debió ir una brigada de corte de energía, acompañada de una patrulla policial, para impedir que el funcionario utilice los militares que tiene a sus servicios para impedir que la brigada de corte realice sus funciones

El desplazamiento de Celso Marranzini a la casa de Gutiérrez es una vergüenza y una demostración de que en este país falta institucionalidad y respeto. A un deudor consuetudiario hay que aplicarle la ley, independientemente del cargo que desempeñe, como lo hacen las naciones civilizadas y respetuosas de la ley. En vez de Celso Marranzini, a la residencia de Gutiérrez Félix debió ir una brigada de corte de energía, acompañada de una patrulla policial, para impedir que el funcionario utilice los militares que tiene a sus servicios para impedir que la brigada de corte realice sus funciones.

Marranzini rebaja su calidad y prestancia de su posición al dedicarse a resolver problemas de ego de los funcionarios públicos. Por eso reiteramos que en el país hace falta más respeto a la ley y a la institucionalidad.