El 12 de julio del 2017, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura evaluaba los aspirantes a jueces a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral, el abogado y activista social Bartolomé Pujals presentó objeciones a 27 aspirantes, luego de haber realizado una exhaustiva investigación sobre las actividades económicas y laborales de los mismos. En el punto número 12 colocó a la aspirante Eunisis Vásquez Acosta, jueza presidenta interina de la Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación, del Distrito Nacional.
En la quisquillosa objeción, Bartolomé Pujals dijo claramente que objetaba a Eunisis Vásquez Acosta porque recibía dinero como resultado de un alquiler de un inmueble de su propiedad. El monto que recibe es de 9 mil pesos. En su declaración jurada de bienes del mes de diciembre del 2016, se dijo con claridad que sus bienes totales eran de 11 millones de pesos. De haber sido un monto de 67 millones Bartolomé Pujals seguro habría dado la voz de alarma.
Esto fue lo que dijo Pujals:
“Eunisis Vásquez Acosta, quien recibe ingresos como juez y por alquiler de inmueble”. Nada más.
Posteriormente alguien en la Suprema Corte de Justicia introdujo el dato de los bienes aumentados de la magistrada. ¿Quién lo hizo? ¿Estará la SCJ en condiciones de hacer esa investigación? ¿Podrá la SCJ resarcir el daño que se ha hecho a la magistrada Eunisis Vásquez Acosta con esta patraña en la página que registra los bienes de los jueces? ¿Si esta manipulación se produjo, quién es que está a salvo de la maldad en la máxima autoridad de justicia de la República Dominicana?
Acento publicó el pasado 27 de septiembre un editorial exigiendo de la Suprema Corte de Justicia una aclaración sobre el aumento de los bienes de la magistrada Eunisis Vásquez Acosta. El editorial habla muy claramente sobre la llamada página de transparencia de la Suprema Corte de Justicia. El dato del monto correcto de Eunisis fue corregido, pero sin decir absolutamente nada sobre la manera en que se había cometido el error.
Acento recibió una certificación de la Dirección de Gestión Humana y Carrera Judicial Administrativa, vía su división de registro de personal, firmada por su encargado, el licenciado Junior R. Ramos B., en la que se dice “Hacemos contar que en la página Web del Poder Judicial de la República Dominicana el día 19 de diciembre del mes de agosto del año 2017, la Declaración Jurada de la Licenciada Vásquez presentó un balance de activos de RD$67,954,073.73, cuando el monto correcto es de RD$11,374,621.33, debido a un fallo técnico, situación que ha sido corregida”. La certificación está firmada el 19 de septiembre del 2017.
Tal vez la magistrada Eunisis Vásquez Acosta no esté en condiciones de exigir una investigación más profunda sobre este “fallo técnico”, pero nosotros nos creemos en condiciones de exigir una aclaración, porque no es posible que un “fallo técnico” cambie un monto de 11 millones de pesos y los convierta en 67 millones. Obvio que se trató de un error humano o de una intención maliciosa. Y corresponde a la Suprema Corte de Justicia, y en particular a la presidencia, determinar quién cometió el error o quién ordenó que se cometiera.
¿Cómo es posible que Bartolomé Pujals, en julio pasado, no detectara ese “fallo técnico” y se detectara posteriormente en septiembre? Es decir, que el dato del monto correcto de la magistrada Eunisis Vásquez estaba bien en el mes de julio, como fue digitalizado en diciembre del año pasado, y que subrepticiamente fue cambiado en apenas unas semanas ¿Quién lo hizo y con qué intenciones? Mariano Germán, como presidente de la SCJ debe aclarar este asunto.
La propia Eunisis Vásquez Acosta ha sido discreta al momento de aclarar este asunto, pero de acuerdo con los datos que recibimos, a ella misma le ha sido difícil obtener la certificación en la que se hace constar que hubo un “error técnico” en sus datos.
Si en la República Dominicana hay una institución obligada a actuar con transparencia, e incluso a defender a sus jueces íntegros en situaciones como esta, esa es la Suprema Corte de Justicia. Por eso exhortamos a la magistrada Eunisis Vásquez Acosta a exigir a la Suprema ir más allá de emitir una simple certificación admitiendo “un fallo técnico”, y que investigue todo lo relacionado con los procesos en los que ella y sus compañeros jueces se han visto involucrados, para determinar la idoneidad de los jueces y la naturaleza de sus actuaciones. Es lo que corresponde, en un buen sentido de justicia.