El presidente Danilo Medina y su equipo están empeñados en proyectar una imagen positiva y de eficacia de las actuaciones del gobierno. Y hay actividades en las que los logros se perciben y se consideran triunfos, como los que ha estado promoviendo Miguel Vargas Maldonado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hay áreas del gobierno que marchan bien, y el trabajo de la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia las promueve en abundancia. Otras actividades se han convertido en parte de la rutina, como las visitas sorpresas del presidente, que parecen ya agotados en su búsqueda de capital político.
Algunas áreas están superadas por los acontecimientos, y se observa falta de capacidad para lidiar con lo inesperado en instancias políticas gubernamentales.
El Ministerio de Interior y Policía, por ejemplo. El Ministro Carlos Amarante Baret ha cometido serios errores, y sigue profundizando en otros más, cada vez que ejerce su función ante los medios de comunicación. Admitir, como admitió, pese a que luego se desdijo, que el gobierno espiaba a los dirigentes de la Marcha Verde, fue seguido de la colocación de cocaína al vehículo de Juan Comprés en Moca. Una grabación de la colocación de la cocaína por parte de oficiales de la Policía Nacional, salvó al dirigente de Los Peregrinos, pero Amarante Baret, que es de Moca y que tiene un hijo diputado, fue acusado de ser de los auspiciadores de esa acción deleznable.
Con el intento de colocar una carpa frente a la Procuraduría General de la República, por parte del Frente Amplio de Lucha Popular, y la actuación represiva de la Policía, Amarante Baret tomó la palabra para decir algo que a todas luces es incierto: que la actuación de los dirigentes del Falpo era ilegal, que obstruía el tránsito y que eso era contrario a la Constitución de la República. El PLD es el partido que más veces protestó en el pasado, utilizando recursos parecidos.
El plantó que hicieron nueve estudiantes en el antedespacho de la Procuraduría General de la República fue manejado agresiva y abusivamente. Debía actuar alguien con autoridad y claridad para manejar situaciones como esa. Los agentes al servicio de la Procuraduría colocaron gases en el antedespacho del Procurador, apagaron los aires acondicionados, y reprimieron a los jóvenes que estaban allí. Luego se dijo que la intención de esos jóvenes era colocar bombas en la PGR.
El manejo que los agentes policiales que cuidaban el martes el edificio donde funciona la PGR fue excesivo. Se enfrascaron en una lucha cuerpo a cuerpo con legisladores opositores, lanzaron bombas lacrimógenas, blandieron armas y apresaron a numerosas personas. Los agentes impidieron que numerosos diputados opositores entraran al edificio de la PGR. El edificio es público, en ese mismo lugar tiene sus oficinas centrales la Suprema Corte de Justicia. Si tenían cita o no, carece de importancia. El edificio tiene muchas oficinas y no debía impedirse la entrada a nadie, salvo que no quisieran identificarse. Evitar que los miembros del FALPO se instalaran frente al edificio no implicaba ninguna violación legal, ni impedimento del tránsito, ni violentar la Constitución de la República.
Las marchas que se han producido en el barrio Capotillo, del Distrito Nacional, el pasado domingo, y las anteriores en San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo han sido pacíficas, sin alteración del orden. Se espera que sea igual la marcha del próximo domingo 21 de mayo en Azua. Los miembros y simpatizantes y adherentes de las proclamas de la Marcha Verde están ejerciendo derechos ciudadanos. Están reclamando cese de la impunidad y que las autoridades castiguen la corrupción.
Se espera que con la divulgación de los nombres de los imputados de recibir sobornos de Odebrecht, los 92 millones de dólares, las autoridades actúen apegados a lo que han prometido: que no habrá vacas sagradas, que no habrá impunidad, y que quienes recibieron los fondos ilegalmente serán sancionados, sometidos a la justicia, encarcelados.
Es legítimo protestar y exigir que cese la impunidad y que el Estado persiga la corrupción y la sancione.