El gobierno y la Barrick Pueblo Viejo deben llegar a un entendimiento. Es lo que conviene a ambas partes, para que esa empresa continúe sus operaciones como fueron previstas, para explotar el oro de Cotuí y producir riqueza que deberán compartir el Estado y la empresa.
Eso fue lo que se acordó con el la firma de un contrato que establece las responsabilidades de cada una de las partes. El contrato tardó 26 meses en aprobarse, y luego se convirtió en sustento legal para el financiamiento y el inicio de las operaciones.
Es el Estado Dominicano el que desea ahora cambiar el contrato y el modelo de negocio. Que en vez de recibir poco entre el 2012 y el 2016 reciba más, y que sea distribuida en un espacio mayor de tiempo la recuperación de la inversión.
Quién firmó el contrato en el 2009 fue el gobierno del doctor Leonel Fernández, con un Congreso Nacional bastante parecido al actual. Leonel Fernández dijo que el contrato firmado era un modelo internacional para cualquier tipo de operación minera. Es lo que piensan los ejecutivos de Barrick, que sostienen la validez y pertinencia del contrato.
Cualquier cambio que permita al gobierno recibir más fondo será una ganancia obtenida por Danilo Medina y su equipo. Si fracasan las negociaciones y las diferencias van a una Corte de Arbirtraje Internacional, son pocas o nulas las posibilidades del Estado Dominicano. Esa es la verdad, porque el contrato no deja lugar a dudas, el mismo contrato que firmó el gobierno de Leonel Fernández y avaló el Congreso Nacional.
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