Luego de guardar silencio por muchos meses, hay que definir por lo menos como enigmático el comunicado de este domingo de la Procuraduría General de la República sobre las informaciones confidenciales del caso Odebrecht, y su divulgación.
Y es una pena que sea de este modo tan arbitrario que actúe el Ministerio Público, recurriendo a la amenaza abierta, en particular contra los medios de comunicación que den a conocer supuestamente parte de una información confidencial y estaría siendo considerada por las autoridades como prueba del caso que ha tenido durante un año en sus manos el Ministerio Público.
En primer lugar, pese a todas las promesas de transparencia, de investigar y dar a conocer a todos los responsables de la corrupción en el caso Odebrecht, la Procuraduría se resguarde en la oscuridad y en querer tapar cualquier versión que se pueda divulgar sobre lo que hacen los fiscales, cuando en todos los países en donde operó el esquema de corrupción de Odebrecht, los medios han sido el mayor sustento de apoyo a la transparencia y a la sanción penal de los responsables, comenzando por el propio Brasil, y siguiendo con Perú, Panamá, Venezuela, Guatemala y la República Dominicana.
En nuestro país el Ministerio Público no ha querido divulgar nada de su trabajo para investigar el caso de corrupción de Odebrecht y sus conexiones dominicanas. La corrupción abarcó sobornos, sobrevaluación de obras y financiamiento ilegal de campañas electorales. El Ministerio Público se ha quedado solo en el tema de los sobornos. Las gestiones públicas, los interrogatorios, allanamientos, indagaciones con otros países, instituciones financieras, la búsqueda de pruebas, entre muchos otros posibles actos, se mantienen en el más completo anonimato. La labor de los medios de comunicación ha sido pobre, precisamente porque el Ministerio Público no ha avanzado, hasta donde se sabe, pese a haber contado con ocho meses y luego cuatro meses más para formular un expediente acusatorio sólido, que no se caiga tan fácilmente como se cayó con las solicitudes de medidas de coerción.
Habría que interpretar como una niñada lo dicho por el documento divulgado por el Ministerio Público sobre las investigaciones que realiza, y que todo el mundo sabe corren por cuenta de los fiscales. dice el documento lo siguiente:
“En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”.
La cuestión es por qué razones tiene que justificarse el Procurador General de la República y señalar que es “normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales. ¿Es que hay temores en la procuraduría, para poder realizar la labor que todo el mundo sabe le corresponde? Sencillamente no es necesario que los fiscales tengan que decir estas perogrulladas.
Es enigmático que los fiscales tengan que protegerse para interrogar a cualquier persona, o que se excusen previamente. Ellos tienen la autoridad legal para preguntar e indagar, en cualquier circunstancia, si hay datos que requieran ser analizados. ¿Se trata de autoridades de los pasados gobiernos y de esta administración, relacionados con la recepción de los sobornos? ¿Por qué excusarse y hacer las aclaraciones que hacen, como ocurre con el siguiente mensaje?
“Como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas. Es importante destacar, que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”.
Nunca antes habíamos sido testigos que un investigador de un acto criminal tenga que pedir disculpas antes de interrogar a un sospechoso, o tenga que solicitar que no haya ensañamiento o retaliación o resistencias imprudentes. Eso sencillamente carece de lógica. Los fiscales deben investigar si tienen datos en sus manos o hay evidencias de la vinculación de las personas investigadas con los actos que se investigan.
Lo más peligroso de todo el comunicado del Ministerio Público es la amenaza que lanza para los medios de comunicación, de que la investigación es secreta y confidencial y que publicar cualquier aspecto de la misma tiene consecuencias penales para quienes lo divulguen. Esto atenta contra la libertad de informar y de Investigar que tienen los medios de comunicación.
El Ministerio Público dijo lo siguiente, que es muy preocupante:
"El Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. Advertimos, que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal”.
Cuando se hicieron las primeras citaciones y los interrogatorios para imputar a 14 personas, en relación con este mismo caso el año pasado, los medios informaron y realizaron entrevistas, y acudieron a todas las fuentes posibles para realizar la tarea de informar más allá de la versión oficiales. ¿Por qué restringir ahora ese derecho?
Con la divulgación de este comunicado, en horas de la tarde de este domingo, el Ministerio Público lo que ha hecho es desatar e incentivar la especulación en todas sus vertientes, y el daño que supuestamente pretende evitar, hablando de presunción de inocencia, lo está provocando al máximo nivel, ya sea por temor a los posibles interrogados o porque en realidad este empeñado en provocar un espectáculo de dimensiones poco imaginadas en el país.