Este viernes el mundo pone su atención en la erradicación de la violencia contra la mujer. Las Naciones Unidas decidió designar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en memoria de las Hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas en la República Dominicana en esta misma fecha, pero en 1960.

La decisión es que el mundo entero sea adueñe de la consigna, asuma de las políticas y ponga en ejecución programas de reducción y eliminación de la violencia contra la mujer.

Muchos de los programas deben ir dirigidos a los hombres violentos, otros deben dirigirse a los organismos públicos y privados que auspician políticas discriminatorias y otros deben ser dirigidos a la familia, en donde generalmente se incuban las actitudes que dan pie a las conductas violentas.

La responsabilidad es fundamentalmente del Estado. Es obligatorio que el gobierno aplique políticas dirigidas a sancionar ejemplarmente la violencia institucional y personal contra las mujeres. Que las instituciones públicas, incluyendo a los policías y militares, pongan en marcha programas dirigidos a educar a los hombres en conductas no violentas, incluyendo una concepción clara sobre la violencia psicológica.

Las mujeres son más de la mitad de la población. Y tienen que soportar, además de la violencia, la discriminación, los bajos salarios por iguales trabajos que los hombres, el peso y la carga familiar, las tareas cotidianas del hogar, aparte de las patologías y conductas abusivas de muchos hombres que no recibieron educación integral y que se comportan como si la mujer fuese un objeto, en vez de un ser humano.

Las políticas públicas son fundamentales para erradicar esta epidemia de violencia que sufre hoy día la mujer dominicana. Si la mujer es pobre las cosas se complican, porque la sociedad machista y el macho abusador se ensañan contra ellas, por la indefensión y por la ineficacia de los órganos estatales encargados de evitar los abusos contra las mujeres.

Si además de ser pobre, se es mujer y se es negra, las complicaciones son mayores, porque los abusos se acrecientan. Los mecanismos de aplastamiento social, de abuso económico y psicológico operan con mucha eficacia. Y por eso no es extraño que en los últimos años se hayan incrementado las estadísticas de crímenes contra las mujeres.

El crimen es el punto más alto de la violencia, porque sesga una vida, porque es una ruptura total, abrupta y destruye a la familia. La sociedad tiene que movilizarse para evitar estas macabras estadísticas de los crímenes contra las mujeres.

El año pasado, 2010, en el país oficialmente se registraron 160 asesinatos de mujeres por parte de sus “compañeros” o esposos. Una sociedad cinco veces mayor en población, como la española, con 40 asesinatos de mujeres al año está alarmada. Esto hay que detenerlo.

Entre enero y septiembre del 2011 en el país se han registrado, oficialmente por parte de la Procuraduría General de la República, 178 crímenes de mujeres. Es una cifra superior a todos los crímenes contra la mujer del año anterior.

Son muchas las trabas que tienen las instituciones como Ministerio de la Mujer, Procuraduría General de la República, Fiscalía del Distrito Nacional, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación. Deben trabajar en conjunto, pero deben tener presupuesto para ejecutar programas eficaces y coherentes. Hace falta dinero y falta apoyo político. El Estado tiene que disponer de acciones serias.

Y no es solo por el hecho de que el 25 de noviembre recuerda a las Hermanas Mirabal, sino porque se trata de una epidemia que afecta a las mujeres, más de la mitad de la población, y contamos con los recursos y los mecanismos para educar y sancionar a los violentos, a los hombres que maltratan y matan porque aprendieron una conducta violenta contra las mujeres. La escuela y la familia son objetivos fundamentales en todo lo que se quiera hacer.