El Día Internacional de la Mujer se utiliza generalmente para reconocer a las mujeres destacadas. El gobierno otorga medallas de reconocimiento a maestras de generaciones, a empresarias, amas de casa distinguidas, mujeres dedicadas a labores altruistas. Todo esto es positivo y hay que respaldarlo.
Sin embargo, hace falta algo más que esos reconocimientos para que las mujeres ocupen posiciones que se correspondan con sus calidades y conocimientos. En el caso dominicano existe una discriminación institucionalizada contra las mujeres.
Y no se trata únicamente de mencionar la gran distancia existente entre los miembros del Congreso Nacional, que son hombres casi todos, o los que componen el gabinete de gobierno, o los que componen la Suprema Corte de Justicia. También en las demás instancias del Estado se discrimina injustamente a las mujeres.
Se trata de abrir espacios más democráticos, donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades con los hombres. En los ayuntamientos, en las cortes penales o civiles y de trabajo, en las juntas de vecinos o en las organizaciones de la sociedad civil.
Las mujeres llenan las Iglesias católicas y evangélicas, y no tienen oportunidades de dirigir, salvo algunas muy contadas excepciones. En las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional las mujeres ocupan posiciones administrativas, y se les relega, porque como las iglesias y como el gobierno, tienen el criterio de que la mujer carece de condiciones para dirigir.
Lo que hemos visto en la historia reciente, y en la política internacional, es que las mujeres tienen igual o mayor capacidad que los hombres para dirigir. Tienen don de mando, tienen fuerza y espíritu de grupo, tienen agudeza en la toma de decisiones, asumen ángulos, puntos de vista más afincados en la realidad que los hombres, y aparte de ello, han asumido un liderazgo indiscutible en el mundo académico, y hoy son ellas las que encabezan las estadísticas de talentos, dominios de temáticas y capacidad investigativa, tanto en el área social como en los aspectos científicos.
Un asunto gravísimo es la discriminación salarial. En las instituciones públicas y privadas dominicanas es bastante frecuente encontrar salarios diferentes para las mujeres y para los hombres por posiciones con iguales responsabilidades. Al hombre se le paga más que a la mujer. Y esa es una injusticia que no debía subsistir en esta época.
La mujer tiene la carga social y política que le asigna la sociedad, como a los hombres, de pagar impuestos, educar a sus hijos, construir familia y forjar empresas. Pero además, a la mujer le toca la responsabilidad, surgida de una tradición cuasi religiosa o costumbre machista, de cuidar y llevar el hogar, responsabilizarse de la tarea educativa de los hijos, representar a la pareja en los centros educativos, de administrar las carencias de agua, energía eléctrica, lavar y pancha planchar la ropa del hogar, la higiene de la casa, elaborar la alimentación de los miembros del cuerpo familiar y ser consejera o compañera de infortunios cuando no hay trabajo para el sustento económico o cuando las cosas no marchan bien en la escuela o en la universidad.
Y aparte de ello, la mujer es víctima de acoso sexual, de violencia doméstica e intrafamiliar, de persecución de las iglesias por temas relacionados con la sexualidad, de que los jerarcas eclesiásticos las acusen de ser las provocadoras -por la forma de vestir- de que los agresores sexuales y machistas las agredan. Todo eso es parte de un abuso histórico, terrible, que debe terminar.
Y los legisladores, con las resistencia de las escasas mujeres que forman parte del Congreso Nacional, también se encargan de crear leyes misóginas, como el Código Penal, que atribuye responsabilidad penal a las mujeres agredidas, que por medio de una violación sexual quedan embarazadas, que son obligadas a parirle un hijo a quien la violó. Y estos abusos se cometen en nombre de la ética y la dignidad de las personas. Un tremendo abuso.