La República Dominicana acaba de contraer un nuevo compromiso con la educación. Así como firmamos en febrero pasado un compromiso presidencial con los demás mandatarios del continente latinoamericano de aumentar a un 5.5% del PIB la inversión en educación, ahora hemos ratificado un acuerdo continental para dar prioridad al sector educativo.
En esta ocasión, y comenzando una reunión de los 33 países de la región, asumimos el compromiso, no solamente como parte del encuentro sino como organizadores, comprometiéndonos a promover una educación de alta calidad, considerada clave para mejorar la competitividad, los valores y el desarrollo de sus países miembros de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC).
El llamado "Consenso de Santo Domingo" se comprometió también a fortalecer el establecimiento de instituciones efectivas, responsables de promover junto a las existentes la competitividad de corto y largo plazos con participación directa del sector público-privado, y de otros actores relevantes. Entendiendo que la educación de calidad es fundamental para alcanzar los objetivos de prosperidad y progreso.
Como las autoridades dominicanas han sido tan renuentes a asignar los recursos que el país reclama para la educación, y como los políticos han expresado abiertamente la disposición de asumir la demanda del país, hay que ratificar que este “Consenso de Santo Domingo” es un nuevo aliento para que a partir del 2012 el país cuente con el dinero que hace falta para que la educación mejore.
Es una aspiración. El país está necesitado de recursos para la educación. Recursos que existen, pero se destinan a obras de infraestructura, como el Metro. El pasado domingo 2 de octubre la capital reiteró en las calles la demanda del 4% para la educación.
Ahora que estamos con Hillary Clinton, entre nosotros, con José Miguel Insulza, Alicia Bárcenas y otros líderes regionales, es bueno que se sienta que una cosa es el discurso y otra lo que ocurre en la realidad.
Si escuchamos a los funcionarios del gobierno, al presidente de la República, a los candidatos presidenciales, tendremos claridad en que la educación es la salvación del país y es un elemento fundamental del progreso. Pero en la práctica, cuando hay que aprobar el presupuesto, se vive la dolorosa realidad de que “no es posible” cumplir con esa aspiración porque hay muchas otras tareas sociales que demandan también recursos.
Como decía una vieja consigna: hay que lograr, en materia de educación, que los hechos hagan honor a las palabras.