Resultó fallida la declaración del 2011 por decreto del Poder Ejecutivo como "Año de la Transparencia y la Institucionalidad", pues aunque se registraron algunos avances como parte del Proyecto de Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), la impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del personal de los organismos de seguridad en el incrementado narcotráfico y la delincuencia elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad.

La participación de importantes estamentos del Estado, junto con 14 organizaciones de la sociedad civil y una docena de organismos internacionales fue uno de los hechos más positivos del año, con adelantos en algunas previsiones para reducir la corrupción, incluyendo la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Libre Acceso a la Información que está en manos del Poder Ejecutivo.

Pero fue resaltante que no se logró la participación de los órganos responsables de las contrataciones de obras públicas y de grandes volúmenes de compras como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y las secretarías de Obras Públicas y Salud Pública. Quedó pendiente la implementación de grandes metas como el establecimiento de una cuenta única de la tesorería nacional, aunque se inició su diseño.

Las denuncias de corrupción fueron simplemente ignoradas por los órganos encargados de investigarlas y buscar su sanción judicial. No hubo una sola iniciativa del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República pese a que la presidenta de la Cámara de Cuentas declaró el 19 de diciembre que le había remitido 36 auditorías a diferentes entidades estatales con graves irregularidades. En noviembre se dio a conocer la realizada a la gestión del Instituto Agrario Dominicano en el 2008 que revela irregularidades por más de 700 millones de pesos.

La primera mitad del año registró una serie de acontecimientos que pusieron en jaque la institucionalidad democrática, como el intento de imponer una repostulación presidencial en contradicción con la Constitución de la República y la aprobación de forma inconstitucional, sin dos terceras partes de los votos, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, e intento de hacer lo mismo con la del nuevo Tribunal Constitucional, lo que posteriormente fue rectificado tras una intensa presión de la opinión pública. También se violaron la Ley 176-07 sobre el DN y los Municipios, y la Ley Orgánica de la Liga Municipal Dominicana y su reglamento, al elegir por un solo año, en vez de cuatro, al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, por simple conveniencia partidista.

Tanto en el presupuesto del 2011, como en el del año próximo se persistió en desconocer la Ley General de Educación y la Constitución misma al no destinarse el mínimo del 4 por ciento del producto interno bruto para educación. También la ley municipal que dispone para los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos nacionales, y otras que asignan partidas específicas al Poder Judicial y la Cámara de Cuentas.

El Congreso Nacional fue un simple sello gomígrafo del Poder Ejecutivo para la aprobación de préstamos por más de 97 mil millones de pesos, y sancionando espectacularmente el presupuesto del 2012 con precipitación sin precedente para acallar reclamos nacionales de que se cumplieran las leyes. Hubo varias violaciones a la Ley General de Presupuesto y se llegó a la segunda mitad de diciembre poniendo parches legislativos sobre una pobre ejecución presupuestaria y para cubrir parte de un alto déficit fiscal a pesar de que a mitad del año hubo una reforma tributaria.