Editorial

Emergencia nacional con libertad de asociación y libre expresión

Por Francisco Alvarez Valdez


La pandemia del corona virus o Covid-19 es una realidad mundial como lo demuestra que en estos momentos alcanza los 243 mil casos de contagio en 169 países, con mas de 9,700 muertes, y ya la República Dominicana está dentro de esas estadísticas.

La tendencia mundial es a combatir este virus evitando su contagio a través del denominado distanciamiento social, lo que implica serias restricciones a derechos fundamentales como los de tránsito y reunion. Las autoridades de nuestro país decidieron seguir el camino trillado por otros, que a su vez siguen las directrices de la Organización Mundial de la Salud, lo que no es desacertado ante las interrogantes que plantea un virus desconocido apenas hace tres meses.

El presidente Medina ha solicitado al Congreso la declaratoria de un Estado de Excepción, y de manera particular el de Emergencia Nacional, con la finalidad especifica de poder restringir las libertades fundamentales de tránsito, reunión y asociación, así como garantizar el abastecimiento de los medios necesarios para la prevención y tratamiento de la enfermedad, y proveer el apoyo a las empresas para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores.

No tenemos muchas experiencias previas relacionadas con estados de excepción, pero podemos recordar el rechazo mezquino de un senado controlado por Joaquin Balaguer, que en 1979 negó el Estado de Excepción al presidente Guzmán Fernández por los enormes daños causados por el paso del Huracán David, o, en sentido contrario, la facilidad con que el presidente Medina obtuvo en el año 2016 que el Congreso, que permitió su reelección, aprobara el Estado de Emergencia en 15 provincias debido a lluvias torrenciales.

No tenemos duda alguna de que el país se encuentra ante una calamidad publica debido al Covid-19, que requiere de medidas excepcionales y bien ha hecho el Congreso en aprobar la solicitud del Ejecutivo de declaratoria del Estado de Emergencia Nacional.

Esta situación de emergencia debe facilitar la profundización del distanciamiento social hasta donde sea necesario y por cualquier vía, aunque entendemos que la libertad de asociación no constituye un obstáculo en esta dirección, y al igual que la libertad de expresión, debe protegerse y excluirse. Usted puede asociarse sin necesidad de presencia física y por lo tanto sin exponer a los demás.

La transparencia en las compras y contrataciones tampoco debe sacrificarse, aunque las reglas se flexibilicen para lograr en tiempo oportuno las adquisiciones necesarias para enfrentar la crisis. El Ejecutivo tendrá que rendir cuentas al respecto, lo que no debe constituirse en un obstáculo a la finalidad perseguida. La corrupción en momentos como estos es todavía más execrable y no debe ser permitida.

Olvidarnos que estamos en medio de un proceso electoral puede conducir a errores muy costosos. El país debe estar por encima de los intereses de los partidos y de los lideres políticos, y haría bien el presidente Medina en propiciar una reunión del liderazgo politico nacional, sin exclusiones, para que todos muestren su lealtad no a los partidos sino al país.

Por igual, la comisión bicameral designada por el Congreso para darle seguimiento al Estado de Emergencia y a las medidas que tome el Ejecutivo amparado en este estado de excepción, debe cumplir con su responsabilidad, informando al país sobre su labor. Es parte de la labor de fiscalización que el Congreso nunca ha cumplido y ahora tiene una nueva oportunidad para reivindicar su rol de primer poder del Estado, que nunca ha ejercido.

Estos son tiempos de sacrificios, de solidaridad, de desprendimiento, de responsabilidad. Los daños a la salud y a la economía son inevitables y el trabajo de todos es reducir su impacto en lo posible, así como acortar el tiempo en que padeceremos los embates de un verdadero caso de fuerza mayor que debe tener como contrapartida la unión de los dominicanos y dominicanas de buena voluntad

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