Obispos, políticos, empresarios, funcionarios del gobierno, legisladores, medios de comunicación, jueces y peatones han comprado el discurso de la conspiración internacional contra la República Dominicana. Y parecieran estar convencidos de que hay montada una campaña mundial para golpear moralmente a nuestro país.

Y todo esto tiene que ver con las decisiones del Tribunal Constitucional, particularmente las sentencias 168-13 y 256-14. La primera deja sin nacionalidad dominicana a más de 200 mil personas, porque nacieron de migrantes haitianos en un período en que la Constitución admitía lo que se conoce como jus solis, pero a sus padres se les sentenció como ilegales, sin derechos civiles y sin patria, entregando a Haití la responsabilidad de documentar a esas personas. La segunda sentencia fue desvinculando a la República Dominicana del protocolo de adhesión a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

El presidente Danilo Medina ha dado claras indicaciones de que no tolerará que el país sea acusado y acorralado moral y legalmente por propiciar apatridia, como han señalado algunos organismos internacionales. Y en consecuencia ha movilizado al gobierno y al servicio exterior para promover las razones legales y humanas por las que se ha decidido la deportación de los indocumentados extranjeros.

El propio presidente Michel Martelly ha admitido que en los países de las islas del Caribe deportan a los haitianos, y que las quejas únicamente se dirigen a la República Dominicana. Martelly dice esto, pero su primer ministro Evans Paul dice que la República Dominicana ha creado o estaría en proceso de crear una crisis humanitaria en Haití, con las deportaciones de ciudadanos que a lo largo de muchos años han fijado residencia en tierra dominicana, sin haber regularizado su estatus.

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros fue una respuesta del gobierno dominicano a la situación creada por la sentencia 168-13. Hay un proceso en marcha con la regularización de los casi 300 mil ciudadanos que entregaron documentos y se inscribieron para regularizar su presencia en el país, más del 95% de ellos de nacionalidad haitiana.

Eso es lo que el gobierno debe explicar, así como el proceso que se ha seguido para llegar hasta el momento de la finalización del Plan.

La otra cuestión es la Ley 169-14, de naturalización de ciudadanos dominicanos que fueron declarados por sus padres haitianos, y que de acuerdo con la sentencia 168-13 y con una resolución de la Junta Central Electoral se había incurrido en irregularidades y falsificación de documentos. La JCE publicó la pasada semana una lista de más de 55 mil personas que habrían sido reconocidas como ciudadanos dominicanos y que deberán pasar a recoger sus documentos.

Allí hay personas que jamás han tenido dudas sobre su nacionalidad dominicana, y que tampoco sabían que habían sido despojadas temporalmente de la nacionalidad, y que ahora al encontrarse en esa lista están sorprendidas, porque de nuevo aparecen como ciudadanos dominicanos después de que se les negara esa condición.

¿Cómo se hizo ese proceso de auditoría, ordenado por la sentencia 168-13, para que se concluyera con casos particulares como los descritos?

En medio de esta confusión, en lugar de estar pregonando que existe una campaña internacional de grandes potencias contra la República Dominicana, le toca al gobierno ordenar al servicio exterior dominicano, que muy caro nos sale a todos, realizar una labor eficiente y convincente de información, explicación y defensa de las políticas migratorias del Estado Dominicano.

En los últimos días se han dado señales de que se hará esta labor, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Saludamos que así se haga.