El ex presidente Leonel Fernández fue quien inició el proyecto de generación eléctrica que hoy se conoce como Punta Catalina, que ha devenido en dos plantas de generación energética de carbón vegetal y que resultó en una licitación ganada por un consorcio empresarial liderado por la empresa brasileña Odebrecht e integrado por la empresa italiana Technimont y la empresa dominicana Acero Estrella. Tendra una capacidad instalada neta de 675 megavatios y una capacidad instalada bruta de 770 Mw.

La licitación contó con la supervisión y asesoría de una prestigiosa firma internacional. Empresas chinas, estadounidenses y de otros países presentaron ofertas que resultaron rechazadas por una comisión de licitación oficial. Dos miembros de la comisión decidieron no firmar los resultados, y la empresa ganadora comenzó los trabajos de instalación de la planta, pero aún no ha obtenido todo el financiamiento.

Leonel Fernández quería, al salir del gobierno, dejar iniciada esta operación de generación eléctrica. No fue posible, pero un grupo empresarial le entregó las ideas y le dijo que el sector privado sería el constructor, que el Estado sería el facilitador y que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales debía ser el cliente que adquiriera la energía, mediante un compromiso contractual.

Es decir, desde el principio la planta de Punta Catalina era una iniciativa privada. A la llegada del presidente Danilo Medina al gobierno el proyecto fue replanteado. Rubén Jiménez Bichara no era partidario de la participación del sector privado y el presidente Medina y su gobierno propusieron que las plantas fuesen estatales. Sobre la base del proyecto privado, el gobierno comenzó a trabajar y se licitó hasta concluir en lo que es hoy un proyecto oficial del gobierno dominicano.

Luego de todos los pasos que se han dado, luego de la inversión del gobierno, de la aprobación de préstamos por parte del Congreso, y de que ya existe un avance importante en la iniciativa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) propone que el sector privado sea el dueño único de las plantas que está siendo construida por iniciativa estatal y cuya propiedad en estos momentos es enteramente estatal.

Rubén Jiménez Bichara, que ha batallado con este proyecto desde que asumió la jefatura del sector eléctrico del Estado, ha dicho que no está cerrado a esa posibilidad. Lo que se propone es que el sector privado invierta y sea el propietario de las plantas, y que la energía eléctrica sea vendida al Estado a través del sistema de comercialización y transmisión.

Entendemos que el sector privado debe celebrar que el Estado construya plantas de generación. Lo que ha dicho el Gobierno de Danilo Medina es que con estas plantas en sus manos el Estado tiene posibilidad de negociar mejores precios con los demás generadores. No sería posible apagar las plantas del sector privado y dejar a oscuras al país.

Si el sector privado está dispuesto a comprar las plantas a carbón de Las Catalinas, nos preguntamos ¿por qué no utilizar esa disponibilidad de recursos económicos y financieros que posee el sector privado para instalar 800 Mw adicionales a carbón o alrededor de 2,000 Mw a gas natural en plantas de ciclo combinado o una combinación de ambas tecnologías?

Con licitar la operación y mantenimiento de las plantas a carbón de Las Catalinas para que sean operadas por el sector privado, se garantiza que la inversión y sacrificio que está realizando el Estado se preserve y perdure en el tiempo, evitando que las plantas  sean arrabalizadas, depredadas y canibalizadas por el sistema político. Pero en algúnn momento el Estado tiene que asumir su responsabilidad y hacer las cosas bien. Esta puede ser una oportunidad.

Lo que hay que exigir al Estado es que el proceso de selección de la empresa responsable de la operación y mantenimiento de las plantas a carbón de Las Catalinas se realice a través de una licitación pública y transparente, con unos términos de referencia claros y precisos para que toda empresa que esté interesada en participar, lo haga en igualdad de condiciones.

El sistema eléctrico lo que necesita es la adición de nueva generación eficiente, no el reciclaje ni el cambio de dueño de plantas existentes o que están en proceso de construcción. El reciclaje o cambio de dueño no añade capacidad instalada al sistema.

La capacidad instalada de generación solo crecerá a través de la construcción y adición de nuevas plantas de generación.

Que el sector privado compre al Estado las plantas a carbón de Las Catalinas no aporta nada a la solución de la problemática del sector eléctrico.

Lo que aporta es utilizar esa misma disponibilidad económica y financiera que suponemos posee el sector privado, para añadir nueva generación eficiente.