En enero de 2017 la empresa Odebrecht se comprometió a indemnizar al Estado dominicano con la suma de 184 millones de dólares, a cambio de que ningún funcionario de esa empresa sea sometido penalmente en la República Dominicana, por los delitos de sobornos cometidos durante un período de 14 años.
El acuerdo fue avalado por un juez y durante todo el tiempo que ha transcurrido la empresa ha seguido operando tranquilamente en la República Dominicana, en el más grande de los proyectos alguna vez ejecutado por el Estado: La construcción de las plantas de carbón Punta Catalina. Y no sólo eso, la empresa demandó y al parecer ganó una demanda en arbitraje en Nueva York, contra el Estado dominicano, por la suma de 708 millones de dólares.
El acuerdo de pago de los 184 millones de dólares se hizo “conforme lo estable la Ley 448-06 sobre soborno en comercio e inversión”, según Jean Alain Rodríguez, responsable del acuerdo y del aval que obtuvo de un tribunal dominicano. El funcionario fue más lejos, con promesas como las que siguen a continuación:
“La investigación no termina con la inhabilitación ni terminará con una sanción económica a la empresa. Terminará cuando lleguemos hasta el último rincón para encontrar a quienes cometieron tales acciones criminales”.
En enero de 2017 Odebrecht entregó los primeros 30 millones de dólares a la Procuraduría General de la República. En agosto entregó otros 30 millones de dólares. Y nunca más ha vuelto a entregar un centavo más. La PGR utilizó el dinero como parte de su presupuesto, para desarrollar “programas de prevención y combate de la criminalidad en el país, así como a la reforma penitenciaria”. La totalidad de los 184 millones de dólares serían desembolsada mediante pagos anuales parciales hasta enero de 2025.
En agosto de este año Odebrecht debió pagar 32 millones de dólares al Estado. No lo hizo, y esa es la razón por la que la PGR ha acudido a Brasil para reclamar que le paguen ese monto, tomando en cuenta que Odebrecht se declaró en quiebra en su país.
Hay que notar que el Estado no tiene razones para acudir a reclamar nada a Brasil. El acuerdo firmado por el Procurador y la Odebrecht, establece que cualquier incumplimiento de la empresa termina los compromisos del mismo, y entonces el Estado estaría en condiciones de someter a la justicia a los funcionarios de Odebrecht que fueron protegidos. Odebrecht tiene aún presencia y negocios en el país. Odebrecht demandó al Estado en Nueva York y le ganó la demanda, según versiones que circulan, aunque no hay nada oficial al respecto.
En vez de reclamar a Brasil, la PGR debe reclamar directamente a la empresa responsable de la construcción de Punta Catalina, y a los ejecutivos de Odebrecht que viven en la República Dominicana, y si fuera posible hacer que venga al país al señor Marco Antonio Vasconcelos Cruz, para que responda ante los tribunales dominicanos por los hechos cometidos.