El Congreso Nacional debe ejercer sus funciones de contrapeso al poder ejecutivo al evaluar el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos para el 2016, tomando en cuenta que el año que viene es electoral y que el presidente Danilo Medina aspira a una reelección presidencial.
El 25% del presupuesto nacional, es decir, 121 mil millones de pesos, serán para el pago de los intereses de la deuda externa dominicana. Este cálculo no incluye las amortizaciones de la deuda. Por tanto, hay que suponer que una cifra parecida al monto de los intereses deberá amortizarse como pago de la deuda. Es lo que han dicho los técnicos que han analizado los montos anotados por el gobierno.
Hay que tomar en cuenta lo que ha ocurrido en Grecia y en Puerto Rico, con el endeudamiento externo, que prácticamente ha hecho quebrar a esos países. El gobierno tiene previsto endeudarse más, financiar con empréstitos los montos del presupuesto, y presionar ingresos adicionales a través del aumento de los impuestos o de la reducción de la evasión fiscal, algo difícil de conseguir. Por tanto, la opción más plausible es el aumento de los impuestos. Como el presidente va a la reelección, es probable que eso salve a la sociedad dominicana momentáneamente.
Ante la delicadeza del tema presupuestario, y ante la gravedad de las finanzas públicas, el Congreso Nacional no puede renunciar a analizar con detalles los asuntos relacionados con la administración de las finanzas públicas, los gastos y los ingresos del Estado. Ese análisis es necesario y precisamente al Congreso Nacional le corresponde ser contrapeso, hacer preguntas, inquirir a los responsables de elaborar la pieza sobre detalles que serán importantes.
Es lo que demanda el sistema democrático. El Congreso tiene que fiscalizar al Gobierno, en representación de la sociedad. Si se renuncia a esa prerrogativa se estaría haciendo inválida la democracia dominicana.
Ahora que los legisladores andan en la gestión de la reelección en sus curules, o los que llevan y traen promesas para llegar hasta el Palacio del Congreso, hay que mirar el comportamiento de los que están allí. Si masivamente renuncian a ejercer su rol, por adhesión incondicional al Poder Ejecutivo, le estarían haciendo un daño grave al sistema democrático y a la propia estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda externa.
Si los técnicos del gobierno tienen razón en lo que se ha entregado, partiendo de una planificación realista, no política, pues que se apruebe la pieza legislativa. Pero si los legisladores tienen preguntas, y quieren realizar cambios a la pieza, para que haya más equilibrio, menos clientelismo político y electoral en el 2016, habría que ponderar esas sugerencias. Es el papel del Congreso y de sus miembros.
El país conoce el efecto de los ajustes fiscales. Y también conoce los efectos nocivos de los déficit fiscales, como el ocurrido en 2012, o los desequilibrios en la economía por efectos como la quiebra bancaria, fraudulenta, del 2003.
Hay que evitar esos momentos. Y el presupuesto nacional y la Ley de Gastos Públicos deben ser instrumentos de desarrollo. Así se ha dicho siempre y así lo establece la nueva ley de presupuesto, aprobada en la administración del PLD.
Que el Congreso Nacional ejerza su rol y no renuncie a debatir el presupuesto y ley de gastos públicos del 2016. Es un año electoral y todo el mundo sabe lo que eso implica en la campaña con el componente de la reelección presidencial.