EL Ministerio de Salud Público tiene un compromiso muy grande con la garantía que debe ofrecer al conjunto de la sociedad dominicana de servicios de salud de calidad, estables y profesionales, a partir de un presupuesto limitado, que no permite cubrir las necesidades de salud del país.
En realidad el 40% de la sociedad dominicana no acude a los hospitales públicos. Se inhibe de acudir a estos centros para buscar la atención de salud en centros privados o del exterior. Quienes acuden a buscar atención a los hospitales del Estado representan el 60% de la población.
El gobierno tiene la presión de que el presupuesto de todas las instituciones de servicios requieren más recursos. Como ocurre con la Policía Nacional, a la cual se la hace urgente un aumento salarial para sus agentes. Y como ocurrió en el pasado con el presupuesto de Educación, y fue necesario poner en vigencia la ley que asigna un 4% del PIB a el ministerio de Educación.
Con el Ministerio de Salud no será posible replicar la asignación de un porcentaje del presupuesto, como ocurrió con Educación. Hay sectores que requieren un 5% del PIB para salud. Eso no será posible, por razones entendibles en una situación como la dominicana, con una deuda externa y un servicio de la deuda que se lleva más del 40% del presupuesto de la nación.
Ahora que a cargo del Ministerio de Salud está una ministra que conoce bien el sector, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, quien fue ministra de salud en la administración de Leonel Fernández, fue presidenta del Colegio Médico, existe la oportunidad de racionalizar el gasto en salud, redireccionalizarlo y obtener mejores resultados con los recursos con que se cuenta.
Por ejemplo, la Ministra de Salud puede reducir costos en las compras de medicamentos para todo el sistema de salud pública del país, eficientizando las licitaciones, ampliando la perspectiva de los suplidores, y evitando los casos conocidos de agentes sospechosos como el mercader José Cruz, que fue condenado por vender medicamentos adulterados y pasados de fecha, a precios exhorbitantes a Salud Pública.
La otra zona de reducción de costos es evitando las construcciones de obras de infraestructura, que se llevan una gran parte del presupuesto de Salud, y que es un dinero que ni siquiera pasa por el Ministerio, sino que se queda en la OISOE y en las manos de Obras Públicas. Parar por un tiempo las obras físicas ayudará mucho a racionalizar el gasto, y dedicar los recursos disponibles a la atención a las personas, mejorar el salario de los médicos, mejorar la calidad de atención y acelerar las respuestas en casos de emergencia, como el dengue, que ha producido más de 100 muertes este año.
El Ministerio de Salud debe hacer un esfuerzo para que el presidente detenga la construcción de hospitales de altísimo costo, como el Dr. Darío Contreras, que su ampliación fue calculada en 880 millones de pesos y terminó en 1,700 millones de pesos. Las necesidades del Ministerio de Salud son otras, diferentes de las edificaciones. Se denunció la pasada semana que la construcción de un Hospital de la Diabetes para San Juan de la Maguana fue calculada una inversión de 124 millones de pesos, pero el costo real es de apenas la mitad, pero que como se trata de una obra del Estado ha sido abultado su costo. Iguales denuncias hay en torno a la ampliación del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago, o el Hospital Marcelino Vélez de Herrera, o el Hospital Luis Eduardo Aybar, también en Santo Domingo.
No es posible que todo el dinero del presupuesto del Ministerio de Salud Pública se invierta en construcciones, mientras las personas se mueren por carencias elementales en los hospitales públicos. A la OISOE, a los ingenieros y proponentes de proyectos de obras hay que ponerle freno, especialmente en el caso de la salud pública.