No ha quedado bien el gobierno dominicano con la emisión del decreto 290-19, en cuanto a la designación de la joven Ingrid Jorge Pérez, como primera secretaria de la embajada dominicana en los Emiratos Árabes Unidos.
Hubo de inmediato cuestionamientos, y se proyectaron vídeos con la joven designada en actividades artísticas, o en entrevistas, en donde Jorge Pérez ofrece datos sobre su vida privada, que nada tienen que ver con la posición que ocupará.
El gobierno no ha sido transparente. El decreto 290-19 nunca se dio a conocer como ocurre con los demás decretos del Poder Ejecutivo. La periodista Nuria Piera fue muy activa solicitando la confirmación de la designación. El presidente Danilo Medina juramentó a los funcionarios designados en el mismo decreto 290-19, y allí no estuvo la señorita Jorge Pérez. El Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, dijo desconocer el decreto, pese a que su ministerio es el brazo ejecutor de designaciones como la que hizo el presidente.
Más adelante hubo declaraciones imprudentes de la joven designada, confirmando su designación y ratificando que se trataba de una posición ventajosa por la relación de su familia con los distintos gobiernos, desde la dictadura de Trujillo hasta hoy.
El silencio del gobierno ha sido un error, porque este tema va creciendo en el debate y en la opinión pública. Nuria Piera hizo un comentario crítico sobre este asunto, y la respuesta que ha tenido no deja de ser sorprendente: Insultos y agresiones personales, además de infamias insólitas e inmerecidas, incluyendo una amenaza a la hija adolescente de Nuria Piera. La amenaza es muy preocupante, porque coloca la vida de la hija de Nuria en una situación nebulosa, que la induce a tomar todas las precauciones y medidas de seguridad.
¿Estamos en una selva? ¿El país carece de autoridad? ¿Es posible anunciar que se atentará contra la vida de una persona con total y absoluta impunidad? Por razones obvias, y porque todos estos desaciertos se les pegan al gobierno, aunque quien los cree sea alguien que actúe como vocera o bocina, y no como funcionaria, el gobierno tiene que poner en marcha una decisión que detenga esta locura.
El presidente puede tener razones para designar a quien considere en el gobierno o en el servicio exterior. Es la Constitución que le autoriza a ello. Pero también los periodistas y comunicadoras, en este caso Nuria Piera, tienen derecho a preguntar y a cuestionar, y eso también lo garantiza la Constitución, sin que ello ponga en peligro a su familia. Es el gobierno que tiene que garantizar ese derecho, y debe actuar contra quienes amenacen o provoquen inseguridades.
Corresponde al gobierno tomar medidas para detener este asunto horroroso y vergonzoso para la función pública, para el servicio exterior, y hasta para la función de comunicar en la República Dominicana. Nuria Piera es una comunicadora de larga experiencia, con un denodado esfuerzo por la institucionalidad y la transparencia, y sus actos privados no son asuntos de interés público, salvo que contravengan la calidad y honestidad de su trabajo. Muy distinto resulta la designación en el servicio exterior que está siendo cuestionada, por razones que resultan obvias, y que han sido mostradas por la misma persona favorecida.