Al acercarse la fecha de finalización del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en condiciones irregulares en la República Dominicana, lanzado por el presidente de la República Danilo Medina, a través del decreto 327-13, comienzan a sonar algunos tambores que llaman la atención sobre las relaciones entre los dos países.
El Plan Nacional de Regularización fue puesto en manos del Ministerio de Interior y Policía, y dentro de éste de la Dirección Nacional de Migración, que hasta marzo estuvo dirigida por un ultranacionalista llamado José Ricardo Taveras, secretario general del grupúsculo Fuerza Nacional Progresista, la entidad que más odio ha irradiado para enturbiar las relaciones entre los dos países.
No era de esperarse nada positivo relacionado con el Plan, si estaba en manos de este grupo, y de un Ministro de Interior que tiene más atención a los asuntos políticos que a los problemas atinentes a su gestión, como rector de la seguridad pública.
Las autoridades de Haití han demostrado su incapacidad para responder al reclamo de documentar a sus nacionales que han cruzado la frontera. Aparte de ser beneficiarios con la remisión de remeses, las autoridades de Haití tienen al grupo de haitianos en la República Dominicana como una fuente de explotación en servicios tan vitales como la emisión de pasaportes, la renovación de actas de nacimiento y otros documentos que reclaman las autoridades dominicanas para la regularización de la comunidad extranjera.
Ahora los datos de que se disponen son terriblemente desoladores. El Plan de Regularización ha inscrito a 239,300 personas, de las cuales el 96% son haitianos. Apenas 86,900 tienen pasaportes, 86,900 tienen actas de nacimiento y 56,700 tienen cédulas de identidad.
El problema es que el decreto 327-13 establecía una serie de requisitos para la regularización, y de todos los extranjeros que se acogieron al Plan de Regularización, apenas el 1.8% cumple con todos los requerimientos impuestos por el gobierno dominicano. Casi el 100% se están quedando fuera del Plan de Regularización, y corre el riesgo de una deportación.
Obvio, que las autoridades dominicanas hablan del plan de deportaciones, y se crean las infraestructuras para ello, y hay reuniones con las autoridades de Haití para que reciban a sus nacionales que viven ilegalmente en el país, que serán recogidos y deportados.
Ante el fracaso del Plan de Regularización, algo ostensible para la República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina ha tenido que tomar medidas de emergencia. No se han anunciado, pero debían hacerlo ya.
Todo el mundo sabe que hubo mafias que se organizaron para cobrar dinero extra por la aceptación y la inscripción en el Plan, aunque se tuvieran todos los documentos a mano. También en la embajada haitiana hubo mafias que expoliaron a los nacionales haitianos que iban a solicitar documentos.
Algo hay que hacer ahora. El presidente Danilo Medina decidió otorgar estatus regular a todos los extranjeros que tengan documento de identidad y que, habiendo ingresado antes del mes de octubre de 2011, merezca un estatus migratorio regular, según contemplan las normativas migratorias de nuestro país.
En relación a los inscritos en el Plan de Regularización, pero que no tienen todos los documentos a mano, el gobierno del presidente Danilo Medina decidió otorgar diversos períodos de gracia para completar dicho proceso. A quienes mostraron un acta de nacimiento o una cédula de identidad se les otorgará una documentación válida provisional para permanecer en el país, durante un año, en lo que concluye su proceso de regularización.
Quienes tengan un pasaporte e ingresaron al país antes del mes de octubre del 2011, se les concederá un plazo de dos años para regularizar su situación.
Con este esfuerzo también el país podrá saber cuántos extranjeros, en particular haitianos, viven en la República Dominicana. Quienes no tienen documentos serán deportados en un proceso que el gobierno ha definido como respetuoso de los derechos humanos. Haití tiene que crear las condiciones para recibir a esas personas.
Las autoridades de Haití entienden que no tienen condiciones para recibir una gran cantidad de haitianos migrantes en la República Dominicana. Una gran parte de los políticos haitianos están preocupados porque creen que las deportaciones dominicanas podrían interrumpir las elecciones presidenciales programadas para octubre. Es un tema a ser evaluado por las autoridades dominicanas, porque un deterioro de la institucionalidad política en Haití representará, necesariamente, más migrantes despavoridos de Haití hacia nuestro territorio.
Pasada la fecha límite del decreto 327-13, habrá un plazo de 45 días para procesar toda la documentación en trámite en Interior y Policía, y se evitará que quienes tengan documentos y estén procesados dentro del Plan de Regularización sean deportados.
La Dirección General de Migración, ahora bajo la dirección del Mayor General Rubén Paulino Sem, tiene una gran responsabilidad en este momento, y deberá poner en marcha un plan especial del cuidado de la imagen de la República Dominicana, relacionado con el cumplimiento del decreto del presidente Danilo Medina. Esto implica un cuidado especial, respetando los derechos de los deportados, y no abusando incluyendo entre los deportados a dominicanos de origen haitiano, que no son parte de este Plan Nacional de Regularización.