Desde este lunes 2 de junio el gobierno dominicano puso en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, una de las piezas concebidas como parte de la solución al problema creado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y que busca restablecer los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, conjuntamente con la recién promulgada Ley 169-14, mediante la cual se reconoce abiertamente la nacionalidad de los descendientes de haitianos que habían documentado su presencia en el país.
El proceso que se inició este lunes requiere de la voluntad de los dominicanos de ascendencia haitiana que carecen de los documentos, para que en su propio país se registren como extranjeros y traten de obtener la nacionalidad que le corresponde por la anterior Constitución dominicana.
Con la Ley 169-14 quedará restablecida la nacionalidad a un número de personas que podría estar entre los 20 y los 25 mil ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana. Con el Plan de Regularización de Extranjeros en condiciones de irregularidad en la República Dominicana se atenderá la permanencia de los “extranjeros” desnacionalizados y de los que de verdad son extranjeros porque son ciudadanos norteamericanos, alemanes, italianos, cubanos y de otros países que necesitan regularizar su situación en tierra dominicana.
Son bienvenidos y serán regularizados de acuerdo al criterio de las autoridades, y a lo que quedó establecido en el decreto del presidente Danilo Medina. Es un proceso gratuito y que debe ser expedito, sin mayores complicaciones, porque intención es resolver un viejo problema al que el Estado no puso la atención adecuada en el pasado.
Se requiere que el gobierno realice una campaña informativa, que posibilite datos precisos sobre los lugares donde deben acudir, por regiones, provincias y municipios, de modo que el problema de irregularidad quede conjurado de una vez y por todas.
A partir de este proceso, lo que queda pendiente es una política estricta en la frontera con Haití, del mismo modo que se mantiene en los puertos y aeropuertos, para que los nacionales haitianos y de cualquier otro país no pasen con sólo entregar unos cuantos dólares a militares corruptos, que van a rendir una labor de protección del país y que en realidad no lo hacen y aprovechan la falta de supervisión para enriquecerse.
No hay justificación para que el Estado Dominicano no adopte una política estricta sobre la entrada y salida de personas por la frontera con Haití. Esa política debe ser supervisada, e incluso, podría realizarse algún estudio que ofrezca datos sobre los puntos débiles de los controles del Estado. Se sabe que el Ministerio de Defensa tiene información detallada de lo que ocurre en la frontera.
Corresponde, entonces, que se cumplan las leyes, que se cuide la frontera, y que a partir de ahora nadie pueda alegar ignorancia sobre la necesidad de proteger las fronteras, pero sin quitar los derechos adquiridos de los descendientes de haitianos que nacieron en la República Dominicana, y que han tenido y tienen a esta como su patria.