Con el paso de los días de la pandemia del COVID-19 se pone de manifiesto el imperativo de toda política pública: la prioridad de proteger a las personas.
La protección de la población abarca diversas dimensiones. En este momento de la pandemia, dos de estas dimensiones merecen nuestra especial atención: la sanitaria y la económica.
La imposibilidad de cumplir la cuarentena para amplias capas sociales refleja la insuficiencia de las políticas nacionales en vivienda y sanidad. Muchas de las quejas de nuestra gente más sencilla en estos momentos tienen que ver con esta realidad.
La otra queja que se ha escuchado tiene que ver con las precariedades de nuestra red hospitalaria. Esto era un secreto a voces; pero el momento no permite armar publicidades estatales inflando los logros en el área de salud. La pandemia ha hecho que quienes podían valerse de sus seguros internacionales se sientan amenazados por las mismas precariedades y riesgos de las mayorías. Quizá esta experiencia sirva para que nuestras élites comiencen a presionar y sobre todo a colaborar en la creación de un sistema de salud asequible para todo el mundo.
Igualmente, este sería el momento para comenzar a mejorar y universalizar los recursos y las redes de protección social con que ya cuenta el Estado dominicano. Los datos que aporta el SIUBEN (Sistema Único de Beneficiarios) pueden servir para optimizar la calidad del gasto social. Son cerca de ocho millones de personas las que están ya debidamente empadronadas. Igualmente, el momento pone de manifiesto la necesidad social de que los recursos se dirijan de manera privilegiada a los sectores más vulnerables de la población. Si se aprende a usar un instrumento como el SIUBEN con una visión no asistencialista ni clientelista, las transferencias electrónicas a los sectores más necesitados se podrán realizar de manera más eficiente y estratégica. La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) adquiría otra fisonomía más coherente con un auténtico plan de desarrollo.
Aparece también la oportunidad de mejorar el modo en que se atienden las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables. Desde el año 2000, el Programa Mundial de Alimentos ha cambiado su estrategia pasando del esquema tradicional, que denomina “ayuda alimentaria”, a un esquema basado en derechos, que denomina “asistencia alimentaria”. La ayuda alimentaria responde a un esquema autoritario y paternalista. Supone, sencillamente, que los sectores más vulnerables de la sociedad están eternamente muriéndose de hambre y deben de ser alimentados como quien alimenta a un desvalido terminal. Con una visión distinta, la asistencia alimentaria implica la comprensión del fenómeno nutricional más allá de la coyuntura. Lo importante son las soluciones duraderas, no los shows mediáticos. Los planes de alimentación pueden ser plurianuales de acuerdo a un modelo nutricional adecuadamente diseñado.
Esta auténtica política nutricional conecta con otras dimensiones que entrañan simultáneamente lo ecológico y lo económico. Implica discernir el tipo de productos que puede darnos la tierra en que vivimos, vivir más acorde con los cambios climáticos y reorientar la industria para que produzca alimentos de calidad.
Al mismo tiempo, todo esto implica también reforzar la democracia. No siendo meros receptores, los sectores vulnerables de la asistencia alimentaria se convierten en actores, porque se les escucha y se cuenta con sus redes organizativas para el rediseño y ajuste de los planes de alimentación.
Por último, y no menos importante, se percibe en estos momentos la importancia de las políticas laborales. No hay crecimiento de la oferta sin crecimiento de la demanda. El neoliberalismo ha precarizado el trabajo, creyendo que todo se resuelve por el lado de la oferta. Asegurar el trabajo de la gente es fundamental para la estabilidad de toda la sociedad. Una política laboral no consiste tan solo en captar los capitales transnacionales del turismo o de las zonas francas, que volarán ante el menor peligro detrás de sus turistas despavoridos. Una auténtica política laboral exige promover actividades productivas y servicios de alto valor agregado que permitan, a su vez, financiar seguros universales de salud de interés público, no compañías aseguradoras privatizadoras, esas que procuran en todo momento cubrir la menor cantidad de servicios de salud a sus afiliados y, en la medida de lo posible, burlar la justa compensación de quienes trabajan por la salud de los demás.