El proyecto de generación de Punta Catalina no es solamente el proyecto de infraestructura estrella del Presidente Danilo Medina y Rubén Jiménez Bichara, además es la clave y solución definitiva de todos los problemas que ha tenido el sector eléctrico en la República Dominicana. O de eso nos quisieron convencer.
Nos quisieron vender también que el proceso de selección fue impoluto, a pesar de que la ganadora confesó ante autoridades americanas haber pagado comisiones millonarias para corromper el proceso.
En esta venta espectacular en la que nos embarcaron también nos vendieron que el proyecto es amigable con el medio ambiente, a pesar de producir decenas de miles de toneladas de residuos altamente contaminantes cada año. El famoso rock ash. Nuestros vecinos de Puerto Rico salen de eso y nosotros nos metemos de lleno. Amén de los cientos de miles de toneladas de CO2 que enviará al ambiente cada año, para “colaborar” en estos planes de mitigación del cambio climático, entendemos.
Aun queda una venta pendiente, que está en proceso. Esto es acabar de vendernos a los dominicanos los extraordinarios ahorros que va a generar Punta Catalina. Y estos ahorros están relacionados con dos cosas muy importantes que están ocurriendo ahora:
La primera está muy relacionada con la nota de prensa que sacó en el día de ayer el consulado dominicano en NY, convenientemente después de las elecciones municipales. Casualidades de la vida. No vayamos a pensar que la CDEEE perdió ese proceso de arbitraje y queramos saber por qué lo perdió. No, no, esto no ha ocurrido. La CDEEE ha ganado una negociación y además apenas tiene que pagar más. Casi se ha cumplido lo que anunció el administrador de la CDEEE en el 2017 de no pagar ni un centavo mas al consorcio constructor de Punta Catalina. No tiene nada que ver con que el proyecto se haya hecho de prisa y mal, sin previsión ni estudios adecuados que permitieran hacer un proceso de licitación admirable. Estos sobre costos, que apenas son nada (¿qué son 400 millones de dólares?) no tienen nada que ver con que a la hora de aprobar el proyecto no hubiera estudios ambientales, ni de inundaciones ni de corrientes marinas. No, no tiene nada que ver, por que el proyecto saldrá al final baratísimo en su costo de construcción. Un regalo. Y ya saben que se dice: a caballo regalado no le mires el diente. Así que no pregunten mejor.
El segundo asunto es ver cómo Punta Catalina va a generar ahorros a largo plazo al Estado y su proceso de venta, para el cual debe firmarse un contrato de compra venta de energía que le permita a los inversionistas comprar todas estas ideas también, despojándose de un espíritu crítico de análisis y mitigación de riesgos para abrazar en cambio una rentabilidad que justifique un cambio profundo de criterios de inversión. Hoy tengo estos principios, pero sino le gustan tengo otros, como diría Groucho Marx… sólo págueme para cambiarlos. Para conseguir esta ceguera mental, este olvido de lo que significa la planta, cómo se ha construido y el perjuicio que va a generar a todos los dominicanos en el corto, mediano y largo plazo vamos necesitar una suculenta rentabilidad para quien invierta, lo que obliga a que se firmen contratos de compra venta con las distribuidoras muy onerosos. Así el proyecto pasaría de ser un desastre hoy a un robo a largo plazo a todos los dominicanos, que estaría consumándose durante los próximos 20, 25 o 30 años. ¿Suponemos que este nuevo negocio se hará público después de las elecciones presidenciales?
Ahora bien ¿cuánto es el costo final de Punta Catalina?
Varias aproximaciones se han realizado al costo total de la inversión del Estado. El estimado de costos que hizo el ingeniero Bernardo Castellanos al 31 de Diciembre del 2019, era de un poco más de 3,200 millones de dólares.
Hoy, sin embargo, ese estimado ha subido a alrededor de 3,600 millones de dólares, mientras que en las negociaciones que tiene el gobierno se pretende vender la empresa en 2,500 millones de dólares, lo que significa una pérdida a ser asumida solo por el Estado, de por lo menos mil millones de dólares. Tienen que revisar estas decisiones, y si ha habido alguna otra transacción que no se conozca públicamente, y que represente nuevos elementos de lesión para el país.