Ha tardado en reaccionar el gobierno dominicano ante las implicaciones que hacen las autoridades de Nueva York, por corrupción, contra el embajador alterno de la República Dominicana en las Naciones Unidas, señor Francis Lorenzo.
No se busca que el gobierno condene a priori a su propio funcionario, por una acusación de los fiscales de Nueva York de que estaría envuelto a sobornos y actos de corrupción que afectan a las Naciones Unidas.
Las noticias hablan de la consternación del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y de todo el sistema del organismo internacional, que rechazan de forma explícita cualquier acto de corrupción, y que garantizan el apoyo a las investigaciones para que se determine si es cierto lo que ha revelado la investigación, de que habría sobornos de más de un millón de dólares para favorecer a constructores chinos en el levantamiento de un centro de convenciones en Macao, China, precisamente para las Naciones Unidas.
“La corrupción no tiene sitio en las Naciones Unidas ni en ningún otro lugar”, dijo el actual presidente de la Asamblea General, el danés Mogens Lykketoft, en una conferencia de prensa. Y como puede desprenderse de sus declaraciones, no hay forma de que se apoye absolutamente a nadie que esté comprometido con actos de corrupción.
Todo el sistema de Naciones Unidas está atento a las investigaciones del fiscal federal encargado del caso, el mediático Pret Bhararadel, y de los posibles nuevos implicados.
Ya los dos principales acusados, John Ashe, diplomático de Antigua y Barbuda y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta septiembre del 2014, y Francis Lorenzo, embajador alterno por la República Dominicana, se encuentran bajo prisión.
El gobierno dominicano debería actuar con diligencia y rapidez, por su propia imagen y por la naturaleza de los cargos que se imputan. Las Naciones Unidas no tendrá dudas al momento de acusar a estas personas y de solicitar sanciones drásticas. Los fondos de las Naciones Unidas provienen de las cuotas que aportan los países y de las donaciones que recibe.
Es una verguenza para la República Dominicana una implicación como la que se hace a Francis Lorenzo. El gobierno dominicano debe dejar claro que no tiene responsabilidad en los hechos. Las actuaciones de Lorenzo se cometieron, si son ciertas, a título personal, pero utilizando las funciones otorgadas por las autoridades de nuestro país.