El presidente de la Cámara de Diputados. Abel Martínez, ha asumido una altísima responsabilidad al aprobar, con mayoría simple, la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que de acuerdo a la Constitución debe ser sancionada por las dos terceras partes de los miembros de esa cámara.

No es la primera vez que las cámaras legislativas estropean la nueva Constitución de la República. Ya lo hicieron con la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, sin antes haber elegido a los miembros del Tribunal Superior Electoral.

Resulta paradójico que sean los propios líderes legislativos quienes estén cediendo el poder que les corresponde a disposición del Poder Ejecutivo. Con la última decisión, de aprobar que el presidente tenga un voto calificado y decisorio en el Consejo Nacional de la Magistratura, están deponiendo su autoridad en manos del primer mandatario.

Hay que recordar que los senadores y luego los diputados fueron donde el presidente Leonel Fernández y dijeron que le apoyarían en cualquier decisión que él tome respecto a su futuro político. Es decir, estaban instando al presidente a violar la Constitución de la República, dado que la reelección presidencial ha quedado definitivamente prohibida para el doctor Leonel Fernández, quien lleva dos períodos consecutivos en la presidencia de la República.

Abel Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, ha sido quien informó esta semana que los legisladores llevarán al presidente dos millones de firmas pidiéndole que se repostule. Es decir, que entienden posible violar la Constitución de la República por tener –no se sabe con qué procedimientos las obtuvieron- dos millones de firmas.

El presidente sabe que el poder judicial debe ser preservado como uno de los poderes de la democracia representativa, independiente de los demás poderes. Si se continúa por el camino que lleva la institucionalidad en el país, pronto tendremos un solo poder, porque habrán quedado reducidos a la nada los poderes legislativo y judicial, como si no fuera suficiente que la Constitución nueva atribuyó nuevos poderes al Ejecutivo.

Hay que pensar en el futuro inmediato del sistema democrático dominicano. Por el bien de todos y todas. Sin malicia ni distorsiones. Ni engaños y menos arrebatos.