José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray llegaron desde Venezuela y se hicieron fácilmente con la propiedad de un pequeño banco de Baní, convirtiéndolo en pocos meses en el Banco Peravia, con sucursales en Santo Domingo, Santiago y con oficinas en Miami y alguna otra ciudad del exterior.
También adquirieron seguros La Unión y se lanzaron a conquistar depositantes, a hacer negocios con dominicanos, pero muy especialmente para atraer capitales venezolanos dada la complicada situación de su país. No obstante, parece que uno de sus negocios fue buscar aliados en el gobierno dominicano y también expoliar las finanzas públicas.
La Ley Monetaria y Financiera, que es muy estricta, y las múltiples regulaciones que se establecieron después del fraude bancario del 2003 no fueron obstáculo para que estos osados señores esquilmaran a la sociedad dominicana, burlaran a las autoridades y finalmente se marcharan en un avión privado que habían adquirido, dejando una estela de dudas sobre la idoneidad de la supervisión financiera en la República Dominicana.
El fraude ha sido investigado por las autoridades de la Superintendencia de Bancos y por la Fiscalía del Distrito Nacional. La Junta Monetaria eliminó las licencias que había otorgado y le ha correspondido al Estado liquidar la entidad defraudada, y someter a las personas involucradas en el fraude, por complicidad o por candidez, con los principales responsables de este insólita desfachatez.
Los detalles de cómo se manejaba el Banco Peravia han sido dados a conocer, y resultan una vergüenza para el sistema financiero y especialmente para la Superintendencia de Bancos. Los mismos métodos utilizados por los defraudadores bancarios del 2003 fueron utilizados otra vez en entre el 2012 y el 2015, fecha en que estas personas llegaron a sentar bases en la República Dominicana.
Los principales responsables del fraude, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray se fueron tan pronto como las autoridades monetarias tomaron conocimiento de la quiebra del Banco Peravia. Hay que repetirlo, este fraude no debió producirse. El régimen de supervisión que existe es estricto. Las autoridades dieron largas al proceso de cierre de operaciones de la entidad y hasta permitieron la huida de los ladrones, que se llevaron parte de lo que pudieron acumular en dólares y otras monedas fuertes, además de los aviones en que se marcharon.
La ostentación en el sector financiero es una de las señales que debe orientar a las autoridades, y más cuando se trata de entidades pequeñas, dirigidas por desconocidos.
Tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos han aclarado que los ejecutivos de esas entidades estatales que participaban en reuniones con Santoro y Jiménez Aray lo hacían para tratar asuntos institucionales, y que no es cierto el testimonio de la secretario personal de Santoro, Jenny Alexandra García Polanco, en el sentido de que los funcionarios mencionados en el interrogatorio de la Fiscalía del DN eran personas que recibían sobornos.
La investigación debe profundizarse, sin embargo, y má cuando en el testimonio aparecen datos vinculando al ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, como vinculado a Santoro y a Jiménez Aray con el otorgamiento de los seguros de las obras públicas construidas por la OISOE con la empresa de seguros La Unión, para pagar como coima el 50% del pago del seguro a la hija del señor Pimentel Kareh, Deborah Pimentel, quien a su vez entregada parte de ese dinero a Vilma Mejía, supuesta amante de Pimentel Kareh, y algunos familiares. Era dinero que se entregaba en efectivo, de acuerdo con el interrogatorio a Jenny Alexandra García Polanco. La publicación de estos datos fue hecha por el diario 7dias.com.do.
Las autoridades tienen la obligación de profundizar en las investigaciones sobre el Banco Peravia, y muy especialmente determinar la veracidad de los datos ofrecidos por los interrogados -algunos con relación directa con Santoro y Jiménez Aray- y otros que han sido beneficiarios de las operaciones de estos pillos en la República Dominicana.