El gobierno del presidente Danilo Medina debió explicar, antes de que se divulgaran noticias al respecto, de las contrataciones que hizo a la empresa de lobby internacional Steptoe & Johnson, para que le ayudara en la tarea de explicar y justificar las políticas migratorias dominicanas, luego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y del decreto 327-13, que fijó el proceso de regularización de extranjeros en nuestro país.
Se trata de un acto administrativo y de la disposición de por lo menos 820 mil dólares, a lo cual la presidencia de la República tiene derecho. Sin embargo, la contratación iba dirigida a promover unas políticas que aún estaban en debate, y que ni siquiera se había completado la discusión ni aprobación de la ley 169-14, que se estableció para aminorar el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional.
El Gobierno dominicano pagó 820.543 dólares (aproximadamente 36.5 millones de pesos) a una firma de abogados en Washington encabezada por el ex gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, para cabildear ante los congresistas y el gobierno de EEUU a raíz de la política migratoria sobre la población haitiana en el país y también lo relativo a la situación de los descendientes de padres haitianos afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El contrato fue firmado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia el 26 de diciembre de 2013 y el monto fue pagado por servicios prestados entre enero y agosto de 2014.
Los documentos en manos de las autoridades de Estados Unidos muestran que la República Dominicana pagó a la firma de cabildeos Steptoe & Johnson más de $ 820.000 entre enero y agosto de 2014. La relación contractual parece ser permanente, sin embargo, es probable que esos costos hayan aumentado con el centro de atención que generó el país luego de la sentencia 168-13 y los sucesivos debates de que ha sido parte la República Dominicana. La tarifa de la empresa por este tipo de servicios es de mil dólares la hora.
La cuestión más importante, sin embargo, es que este cabildeo contratado por el gobierno no funcionó adecuadamente, o la empresa fue deficiente al realizar su labor, o el gobierno no cumplió con las recomendaciones que ellos hicieron, o las recomendaciones fueron un desastre. Algo pasó que este servicio de cabildeo en Washington se fue a pique, debido a la andanada de críticas que recibió la República Dominicana, en todos los escenarios, tanto de organismos internacionales, países, líderes de opinión, entidades de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, y medios de comunicación. Medios de comunicación muy influyentes, especialmente de los Estados Unidos.
La conclusión no puede ser otra que Steptoe & Johnson fracasó en su cabildeo ante los diversos actores. El cliente, en este caso el gobierno dominicano, debe tener explicaciones de por cuáles razones un servicio tan costoso resultó tan deficiente en la defensa de nuestra imagen, de nuestra soberanía y de nuestro derecho a establecer políticas migratorias, como siempre han reclamado las autoridades.
Steptoe & Johnson contó también con el respaldo eficiente del presidente de la República, Danilo Medina, que habló claro en los escenarios donde estuvo. Contó con el apoyo del Ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, quien también desempeñó roles protagónicos, lo mismo que el canciller Andrés Navarro, quien debió acudir al apoyo de los embaidores dominicanos en los diversos países para explicar las políticas migratorias dominicanas.
Debido al fracaso de Steptoe & Johnson es que las autoridades deben explicar la escogencia, y en especial con el tiempo que lo hicieron, desde muy temprano.