El peaje sombra es una cláusula establecida en el contrato de concesión de la Autopista Juan Pablo II, entre Santo Domingo y Nagua, y que se ocultaba en el término “equilibrio económico” del acuerdo. El Estado pagaría a la empresa concesionaria una parte del dinero que le faltara para obtener el “equilibrio económico” en relación con la inversión que esa empresa hizo para la construcción de la carretera.
El Estado, sin embargo, aportó las tierras y aportó el 20 por ciento del costo total de la construcción, además de que le otorgó a los constructores el derecho de cobrar los peajes a los vehículos que utilizaran la vía por un período de 40 años. El acuerdo se inició en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y continuó hasta la fecha. Los montos anuales que se pagaban a la empresa Carreteras del Nordeste superaban los 2 mil millones de pesos.
El presidente Luis Abinader, preocupado por el largo período de la concesión y los altos costos de los peajes (promedio mil pesos en peaje para un automóvil, ida y vuelta entre Santo Domingo y Nagua), decidió pedir una consulta jurídica al abogado Enmanuel Esquea Guerrero.
La recomendación del prestigioso abogado no tardó en llegar. Negociar la terminación del convenio, porque era oneroso para el Estado y para la sociedad.
El jueves en la noche el presidente Luis Abinader, en un breve discurso al país anunció la terminación de la concesión de la Autopista Juan Pablo II, mediante un acuerdo amigable con los concesionarios, quienes aceptaron recibir la suma de 410 millones de dólares y entregar al Estado la administración y propiedad de la carretera.
Los cálculos del presidente son correctos. Este acuerdo permitirá reducir el costo del peaje en un 20 por ciento en un primer momento, a partir del 1 de enero de 2022. Luis Abinader fue claro en su breve mensaje:
“El acuerdo que hoy les anunciamos establece que el Estado pagará la suma de US$410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto, es aproximadamente lo que habría de pagar por peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial”.
Abinader consideró que el peaje sombra era un lastre oneroso e injusto: "Desde el 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora, ya no habrá más gasto, sino un ahorro”.
El modelo de concesión fracasó. La ambición de los inversionistas y constructores se convirtió en su punto más vulnerable, porque cobraban peajes excesivamente caros y además reclamaban del Estado un peaje sombra desequilibrado, abusivo, que debía ser colocado en el presupuesto nacional cada año. Lo excesivo y abusivo salta a la vista, y muchísimos años antes de que terminara la concesión han tenido que marcharse.
Enmanuel Esquea Guerrero había sugerido entregar el expediente al Ministerio Público, porque en los años de operación de la concesión hubo irregularidades, funcionarios que actuaban contra el interés nacional o interpretaban maliciosamente los puntos del acuerdo. El presidente Luis Abinader terminó por pactar una salida y fue la que anunció esta semana. Aplaudimos la decisión y este se convierte en un punto crítico menos en las evaluaciones de cada año.