Algunos medios electrónicos y redes sociales dieron a conocer una grabación, este jueves, en la que el ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, profería acusaciones e insultos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, y amenazaba con incendiar el hemiciclo si se realizaban cancelaciones de empleados leonelistas en ese organismo estatal.
La conversación telefónica fue grabada ilegalmente. Al otro lado de la línea se escuchaba al también diputado leonelista Henry Merán, quien con moderación y cautela, probablemente conociendo que estaba siendo grabado, respondía educadamente ante la exaltación y exabrupto de Maldonado.
La grabación es ilegal y también la divulgación. No hay orden de ningún juez que haya autorizado ese seguimiento a los diputados leonelistas. Tampoco hay ninguna investigación contra esos diputados por violación de ninguna ley. Se trata de una cuestión política, netamente partidaria, por la escisión que ha habido en el Partido de la Liberación Dominicana.
Los medios de comunicación y las redes sociales debían abstenerse de dar a conocer una grabación de una conversación privada, entre dos legisladores. Es un abuso que tal grabación se hiciera, en primer lugar, y una segunda violación que se divulgue.
Con esta primera reflexión, entramos en un segundo aspecto de la crisis que ser transfiera del PLD al Estado, por el asunto de los empleos públicos.
Maldonado protesta, lanza improperios soeces y acusaciones de todos los colores contra el presidente de la Cámara de Diputados porque supuestamente planea cancelar empleados leonelistas. Es la visión de que todo es posible en los aparatos estatales, cuando los intereses políticos están de por medio. Maldonado defiende los empleos de las personas allí contratadas porque simpatizan con Leonel Fernández, no porque rindan una labor eficiente.
Y la ira con que actúa el legisladores lo pone en evidencia sobre su capacidad para reflexionar o enfrentar situaciones tensas. La responsabilidad suya, como empleado público, es legislar y buscar soluciones a los asuntos políticos e institucionales que se presentan al país. El ex presidente de los diputados entiende que su misión más importante, incluso la de ofrecer su vida o defender a sus acólitos, es proteger a los seguidores de su líder político.
Estamos obligados a pensar en estos asuntos institucionales. Muchos peledeistas que estaban en funciones públicas por designación han renunciado de sus puestos, porque Leonel Fernández renunció del PLD. Ya son enemigos, y ahora la batalla es que todos van a guerrear. Lucha a muerte, como si de esas relaciones políticas dependiera también el curso de sus propias vidas.
Si tuviéramos institucionalidad política los cambios serían pocos. Hemos visto la presencia de la vicepresidente de la República en el Consejo de Gobierno Ampliado, realizado en el Palacio Nacional. Ese proceso es normal. Pero entre legisladores las diferencias se zanjan echando demonios contra el otro y amenazando con pegar fuego al Congreso. El estilo de siglos anteriores, de las épocas de los Concho Primo dominicanos.
Una pena que la ruptura de relaciones en el PLD conduzca al país a una especie de guerrilla en el Congreso Nacional, como lo demuestran las palabras incendiarias de Rubén Maldonado. Méritos y reconocimiento merece la moderación y cuidado de Henry Merán, quien se comportó como un caballero, al escuchar la diatriba de su compañero de la nueva Fuerza del Pueblo, que dirige Leonel Fernández.