El éxito del Ministerio Público se alcanza a ver desde cualquier ángulo que se mire. Hasta el momento, la Procuraduría General de la República ha sido muy eficiente en la presentación de los cargos para obtener medidas de coerción vinculadas con el nivel de las actividades delictivas de las personas imputadas.
La magistrada Kenya Romero acaba de emitir medidas de coerción, de 18 meses de prisión preventiva para cinco implicados en el alegado caso de corrupción Coral 5G, dictó a otros cinco prisión domiciliaria y dos obtuvieron libertad con impedimento de salida. Este tipo de dictamen, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público, se ha repetido en cada uno de los casos que ha llevado ante los tribunales.
Hay que hacer nota que en el caso 5G, de corrupción con instituciones públicas que fueron copiadas y puestas al servicio de una red de traficantes, están siendo procesados oficiales de alto rango que se mantienen activos. Por ello la decisión del tribunal es tan relevante en esta ocasión: Se decidió medida de coerción con prisión preventiva de 18 meses a los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, los que deberán cumplirla en la cárcel Najayo-Hombres. En el caso del general Julio Camilo de los Santos Viola, quien recusó en dos ocasiones a la magistrada Romero, se deberá esperar una decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Los demás casos llevados a medidas de coerción y con los que se ha obtenido éxito son los siguientes:
Cada uno de estos casos tiene múltiples ramificaciones, y el Ministerio Público ha seguido con atención las posibles delaciones de implicados arrepentidos, que prefieren delatar el pacto de silencio de los más comprometidos. En estas circunstancias los arrepentidos han sido premiados con un tratamiento menos duro, y disfrutan desde ya de prisión domiciliaria y tienen menos tensión por el trabajo de los fiscales.
La metodología de la investigación ha avanzado. Las auditorías aportadas por la Cámara de Cuentas refuerzan las acusaciones y confirman muchos de los datos ya aportados por los fiscales, y en estos casos hay que decir que el trabajo del Ministerio Público ha sido coherente y eficiente. Salvo los casos heredados de la pasada administración, como Odebrecht, el caso se ha mantenido con fuerte documentación de prueba, y ha sido casi imposible acusar al Ministerio Público de actuar políticamente persiguiendo a funcionarios de la pasada administración gubernamental.
¿Que hay presos preventivos y que la condición natural de los imputados es la libertad, hasta que se demuestre y culpabilidad? Es posible que así sea, pero los fiscales han mostrado los riesgos de la presión y amenaza a los testigos potenciales, la desaparición de pruebas, la posibilidad de la fuga, pese a los arraigos económicos y familiares, y por ello ha preferido mantener la prisión preventiva en lo que se formula el expediente acusatorio definitivo.
Es un gran trabajo el que han realizado. Y hay que añadir que se trata de un trabajo necesario. La corrupción llegó hasta la médula del sistema institucional y político. Desenterrar la corrupción es una labor intensa y sin compasión. Este país fue llevado hasta límites inimaginables, que sólo es posible creer cuando se escuchan los testimonios y se miran las pruebas que han podido recaudar los fiscales para acusar y mantener en prisión a los responsables. El robo que hasta ahora ha sido mostrado era abiertamente contra el patrimonio público, contra dinero que hubiese servido para salvar vidas en los hospitales, para hacer profesionales a estudiantes de escasos recursos, para alimentar a millones de personas en condiciones de pobreza extrema.
Esa es la realidad que hemos visto y que estamos viendo. Políticos, funcionarios, legisladores, militares activos, policías en funciones, familiares del presidente y alcahuetes y oportunistas que aprovechan cualquier circunstancia para hacerse con lo que no es de ellos. Eso hemos visto, con el agravante de la complacencia del poder, con la vista gorda de los organismos para evitar la corrupción, para perseguirla en caso de que existiera y para sancionarla en los tribunales. Es lo que debimos ver en el pasado, y no pudimos ver. Es lo que estamos viendo ahora, y hay que apoyar.