Fue en Caracas, Venezuela, el 19 de noviembre del 2013, cuando el Ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Gustavo Montalvo, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir, firmaron un acuerdo de buena voluntad, en el que se reafirmó la necesidad del diálogo entre los dos países, sobre el tema de migratorio .
El gobierno de Venezuela facilitó el diálogo y apoyó la firma del acuerdo, en el entendido de que en ese momento estaban tensas las relaciones, debido a la emisión de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y a que Haití y República Dominicana habían interrumpido el comercio en la frontera.
El gobierno dominicano adoptó medidas legales para acogerse a este acuerdo, y facilitó el consenso para la ley 169-14, sobre naturalización, además de emitir el decreto 327-13 para facilitar el registro y regularización de extranjeros en condiciones irregulares en la República Dominicana.
Ese acuerdo de diálogo, facilitado por el gobierno de Venezuela, ha quedo en el pasado, superado por los acontecimientos. El gobierno haitiano ha criticado fuertemente a la República Dominicana en foros internacionales, como el Caricom y la OEA, y el gobierno dominicano ha respondido con intensidad, además de organizar una respuesta internacional a las críticas que se formulan.
Sólo como un dato más, en medio de los debates, y por si ayudara a bajar las tensiones, reproducimos a continuación los tres puntos en que se comprometieron los gobiernos de Haití y la República Dominicana, autorizados por los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly.
1.- Confirmar que el diálogo será la vía apropiada para la resolución de cualquier situación relacionada con las personas de origen haitiano nacidas en la República Dominicana, afectadas por la aplicación de la sentencia TC 168/13, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Asimismo, priorizar el diálogo antes de cualquier otra vía.
2.- Reafirmar su voluntad de avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos, nacidos en la República Dominicana.
3.- Considerando que el Gobierno dominicano hará públicas en los próximos días una serie de decisiones al respecto, los dos gobiernos han acordado sostener un encuentro posterior para alcanzar acuerdos satisfactorios.
Hecho y suscrito después del encuentro que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, 19 de noviembre de 2013, en dos ejemplares en idioma español y francés, ambos igualmente válidos.
¿Hay posibilidad de diálogo entre los dos gobiernos, ahora en julio del 2015, sobre el mismo tema que ha mantenido a los dos países en frecuente conflicto?
República Dominicana tiene una responsabilidad con los migrantes haitianos que fueron traídos por el gobierno y por el sector privado, durante décadas, y que se quedaron en nuestro país y formaron familia, con hijos nacidos aquí, aunque sin documentos, que por medio de la Constitución dominicana se convirtieron en dominicanos de ascendencia haitiana.
Haití tiene una altísima responsabilidad con sus propios ciudadanos, que emigraron en los últimos años hacia la República Dominicana, sin documentos, que pasaron por la frontera debido a la corrupción y a las formas inverosímiles de escape que existen. Son ciudadanos haitianos que no recibieron el apoyo de su gobierno para inscribirse en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, abierto por el gobierno dominicano mediante el decreto 327-13. Fue un fracaso y una responsabilidad del gobierno de Michel Martelly no entregar los documentos a esas personas.
Confundidos ahora, migrantes haitianos objetos de la regularización con los dominicanos de ascendencia haitiana, que debían naturalizarse mediante la ley 169-14, están en medio de la disputa de los dos gobiernos, porque ninguno los quiere.
Las medidas tomadas por el gobierno dominicano tienen características irreversibles. Las reacciones del gobierno haitiana son una mera protesta, no en defensa de los haitianos en RD ni de los descendientes de haitianos, sino ante una situación política y económica compleja, con elecciones presidenciales este año, en octubre, y con la mirada persistente de la sociedad haitiana y de la comunidad internacional.
Tal vez el diálogo es algo posible en este caso, que pudiera salvar el honor de los dos países, y en el caso dominicano ayudarnos a que se nos quite el acoso internacional que nos preocupa, por las críticas frecuentes de los medios de comunicación de los grupos defensores de los derechos humanos.