El sector eléctrico dominicano ha sido, es y seguirá siendo una gran preocupación para el país, porque es la llave del desarrollo y porque su ineficiencia se convierte cada día en una amenaza contra el desarrollo de la República Dominicana.

Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuya discusión en estos días en Washington determinará si terminan en febrero o si continúa, dependen de los compromisos del gobierno con el sector eléctrico. El acuerdo de cooperación que el gobierno dominicano tiene con el Banco Mundial se sustenta, fundamentalmente, en préstamos para hacerle frente al sector eléctrico y sus déficits e ineficiencia.

La cooperación con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo también abarca al sector eléctrico, con la esperanza de que haya un compromiso serio del gobierno dominicano, en especial para reducir las pérdidas, que se acumulan y que forman parte del legado que arrastra el país año tras año.

La cooperación bilateral de la Unión Europea, así como el apoyo que ofrecen organismos como USAID, de los Estados Unidos, incluyen compromisos con el sector eléctrico. Recomendaciones, asesorías, elaboración de documentos y otras orientaciones de políticas a seguir. Y el país sigue siendo ineficiente en materia energética.

Los organismos empresariales del país, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias (AIRD), la Federación de Asociaciones Empresariales (FAI), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana, y otras reclaman, de todas las formas posibles, solución a la crisis del sector eléctrico.

Las asociaciones sectoriales, como los exportadores, las industrias de zonas francas, las petroquímicas y metalmecánicas, las empresas del mueble, entre otras, requieren solución de la ineficiencia del sector eléctrico. Este país no podrá avanzar, ni será competitivo, si mantiene un servicio tan precario, ineficiente, costoso y oneroso como el eléctrico.

Ya el Conep presentó un informe, con pasos claros sobre lo que debía hacerse en el sector eléctrico. Sin embargo, en primer lugar, hay que conseguir cobrar la energía que se distribuye. Y ese es un paso que debe darlo el poder político. Hay que cortar la luz a los que no paguen. El subsidio, que ha sido en los últimos años de más de mil millones de dólares, es una aberración. Mientras exista el subsidio no habrá posibilidad de reducir por debajo del 40% las pérdidas.

Esa es la realidad. No importa que en la CDEEE, en las distribuidoras y en las demás empresas del sector sean designados empresarios, gente de experiencia y probidad o extranjeros. Hay que poner en marcha la ley que penaliza el robo de la energía. Y no se trata de perseguir a unos cuantos, y abandonar la labor de pesquisa. Se trata de crear una estructura que combata con eficiencia el robo de energía.

Cuáles son los datos que tenemos en este momento: que el déficit del flujo de caja de las distribuidoras, que en el 2010 fue de 73.3 millones de dólares, para el 2011 será de 106.6 millones de dólares.

El déficit del Flujo de Caja Anual Proyectado, que para el 2010 fue de 886.3 millones de dólares, para el 2011 será de 1,219.1 millones de dólares.

Es decir, que por más esfuerzo que se haga desde el sector oficial, por más eficiencia que se quiera conseguir, sin el apoyo político del Poder Ejecutivo, para eliminar el robo de energía, borrar el subsidio, no será posible una solución al grave problema del país con la energía eléctrica. Esa es nuestra lamentable realidad.