Que nadie venga con el cuento de que la decisión de Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Suprema Corte de Justicia que garantizó impunidad a Félix Bautista y a sus socios, es libérrima y es el reflejo de una justicia independiente.
Las voces de la Iglesia Católica que se han expresado, las voces de las iglesias evangélicas que también han hablado, las organizaciones empresariales, comenzando por el CONEP, que también expresaron su opinión, están dejando ver una realidad que está a los ojos de todo el mundo? un grupo de personas se repartió el poder de las altas cortes para su propio beneficio, cuando el país estaba pensando en las elecciones del 2012.
Las organizaciones comunitarias también se han quejado. El país ha demostrado su rechazo a la decisión del juez Alejandro Moscoso Segarra, pero también ha despertado sobre el control político de los estamentos de justicia que se dio el país con la Constitucional del 2010.
La Suprema Corte de Justicia está constituida mayoritariamente por abogados pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana, varios de los cuales eran miembros de su Comité Central. Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra, precisamente dos que han conocido parte del proceso contra Félix Bautista y compartes, han tenido que aclarar que renunciaron a ese organismo y que ahora son “independientes”.
El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, formaba parte del organismo de dirección del PLD, era abogado del doctor Leonel Fernández, y también lo fue de Félix Bautista, y para nadie es un secreto que fue escogido presidente de la SCJ por sus relaciones políticas más que por sus cualidades como abogado.
Pocos magistrados de la SCJ se salvan como “independientes” de los lazos políticos que los llevaron a esas posiciones. Y el país ha visto la forma en que se ha ido deteriorando el proceso de reforma judicial iniciado en 1997, conocido como primera ola de reforma judicial, hasta su interrupción definitiva con la designación de los actuales jueces.
Y qué decir del Tribunal Superior Electoral, que se puso al servicio de la causa del PLD en las pasadas elecciones, boicoteando la participación electoral de varios partidos, y posteriormente actuando apandillado a favor del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, con el deliberado propósito de dividirlo, como ocurrió, para facilitar el control político del país al partido de gobierno. En ese tribunal electoral se perdió absolutamente la vergüenza con la validación de la mostrenca convención realizada el año pasado por el presidente del PRD, en la que se impidió votar a la mayoría de esa organización y se impidió que también ejerciera su derecho el contendor por la presidencia del PRD, Guido Gómez Mazara.
Sin olvidar que el Tribunal Constitucional ha sido también otra de las instancias repartidas como parte del botín político que se partió, mayoritariamente para Leonel Fernández, luego del pacto de las corbatas azules. Y las decisiones que allí se han tomado, y las rabietas políticas que han registrado como sentencias, demuestran lo chamuscada que se encuentra la institucionalidad en el país. Incluso llegaron al colmo de decidir la exclusión de la República Dominicana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aparte del lío en que metieron al país con la vergonzosa sentencia 168-13, que desnacionalizó a miles de ciudadanos dominicanos de origen haitiano.
El CONEP, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones populares y los partidos políticos que se han expresado en rechazo de este control político de las instancias jurídicas del país, tienen toda la razón. Y más razón tiene ahora Transparencia Internacional, acompañada de Participación Ciudadana, que se ha pronunciado desde Alemania pidiendo revisar las decisiones judiciales de los últimos días y a la vez replantear la composición espúrea del sistema de justicia de la República Dominicana.
Lo que han dicho Transparencia y PC tiene lógica y es aceptable, para rescatar la independencia de las instituciones del Estado que tienen el deber de servir a la sociedad y no a un grupo de apandillados que la han colocado a su servicio.
Entendemos viable la sugerencia de Transparencia Internacional y Participación Ciudadana, que se resume en tres puntos:
•El caso del senador Bautista debe ser reabierto a partir de la apelación presentada por el Ministerio Público.
•Que se lleve a cabo una amplia reforma en el sector justicia para garantizar su autonomía y calidad, con particular énfasis en eliminar la interferencia política en las decisiones de los jueces.
•Los líderes en la República Dominicana escuchen y actúen ante el pedido de justicia de amplios sectores ciudadanos.
El país debe retomar el proceso de reforma judicial que se inició en 1997, y rescatar la validez de jueces probos, independientes, comprometidos con el país, no con un dirigente de un partido político.