El Congreso Nacional, que ha sido tan eficiente al aprobar en unos días la ley de reforma constitucional, deberá poner atención a dos proyectos de leyes que favorecen la salud de las mujeres, y en particular mejoran sustancialmente la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Varias organizaciones han encaminado esfuerzos en esta dirección, y contribuido con la mejoría de los proyectos, que son de origen legislativo porque quienes los propusieron y concibieron fueron precisamente legisladores de varios partidos, incluyendo mujeres.
Entre las propuestas se encuentra el proyecto de ley de “Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia”, en el que se plantea la creación de un sistema integral de atención a la violencia contra la mujer, coordinado por todas las instituciones gubernamentales que trabajan el tema (Ministerio Público, de la Mujer y de Educación).
Las bondades de esta pieza están a la vista de todos y todas:
-Los principales problemas que enfrentan las mujeres en el país son abuso, acoso, maltrato y violencia, según la encuesta Gallup realizada en 2012.
La Procuraduría General de la República reporta que el año pasado (2014) ocurrieron 67,130 casos de violencia de género e intrafamiliar, una cifra que va en aumento si se compara con la del año anterior, que fue de 53,074 casos. Sólo el año pasado ocurrieron 178 asesinatos de mujeres.
Menos del 10 % de asesinatos de mujeres llegan a sentencia en la región de América Latina y El Caribe y en algunos países solo llega el 1 %, según estudios de la ONU
La segunda propuesta contiene el proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva, en la que se establece el marco jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de la regulación de políticas públicas dirigidas a la prevención de la enfermedad y atención de la salud estas áreas, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.
Las bondades de esta pieza legislativa también resultan obvias:
-El mantenimiento de los altos índices de mortalidad materna que desde décadas han caracterizado nuestras estadísticas en salud, ya que persiste la cifra de 159 por cada 100 mil nacidos vivos, según la última ENDESA,
-El país tiene la 5ta. tasa más alta en embarazo en adolescente,
-Los anticonceptivos no se hallan dentro del paquete de medicamentos esenciales en las farmacias populares, las que tampoco disponen de anticonceptivos de emergencia,
-El currículo escolar no incluye información ni orientación adecuada y suficiente sobre educación sexual integral.
El análisis de la realidad dominicana en lo que se refiere a las limitaciones en el ejercicio de estos derechos, ha llevado a entidades como PROFAMILIA y al CEG-INTEC a desarrollar una alianza a través del proyecto “Voces por los derechos de las mujeres”, para propiciar los cambios legislativos necesarios en el marco legal que protege a las mujeres. Y esta combinación con el Congreso Nacional debe ayudar a mejorar sustancialmente la salud y protección de los derechos de las mujeres.
En fecha 19 de diciembre del 2014 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 550-14 que dispone el nuevo Código Penal Dominicano, acogiendo una de las demandas del movimiento feminista y de mujeres en el país: La despenalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando es producto de violación y cuando el feto trae deformaciones incompatibles con la vida. Pero estas dos últimas causales están sujetas a la aprobación de una ley especial.
Con esta medida se inicia el proceso de superar en los textos legislativos, de manera explícita, las tradicionales formulaciones negadoras de derechos contenidas en la legislación penal que había estado vigente durante 120 años.
El Congreso Nacional puede dar este paso de avance, ahora que se encuentra en una especie de tiempo de calma.