Cuando todo parecía que respecto a lo electoral la atención tendría que centrarse en los meses previos al día de las elecciones, período en que los partidos, pero sobre todo el gobierno, tratan de condicionar la voluntad popular, la dimisión forzada del Administrador General de Informática desencadena una crisis en esta área tan sensible del proceso electoral que aún no se ha podido resolver.
Por razones hasta ahora desconocidas el presidente del la JCE desautoriza a la autoridad máxima del área, otorgándole sus facultades a un subalterno, sobre quien los partidos mayoritarios habían manifestado desconfianza, al punto de haber solicitado su destitución. En vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado o poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, el presidente del organismo insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo.
Las negociaciones, a través de un mediador externo, aún no han podido resolver el impasse, pese a que estamos a menos de cinco meses de las elecciones y que está erosionando la credibilidad de la Junta cuando las encuestas más acreditadas dan ventaja al candidato de la oposición.
Es resaltante que el 2011 concluye sin que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de Ley de Partidos sometido a su consideración a mediados del año por la Junta Central Electoral. Tampoco se ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos, aunque este último llegó al Congreso en diciembre. Pero es fundamental para adecuar el régimen electoral al nuevo marco establecido por la Constitución de la República lo que debió ocurrir a más tardar en enero pasado.
Prematura campaña electoral
Bordeando dificultades que por momento amenazaron su integridad los partidos mayoritarios lograron elegir sus candidatos presidenciales y de inmediato se embarcaron en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos. Después de pasar un período de turbulencias los peledeístas concluyen el año ratificando su unidad, mientras los perredeístas aún arrastran resentimientos por el resultado de la elección primaria.
El tercer partido del sistema prosiguió su tendencia a la dispersión, incapaz de cumplir el mandato de un Congreso que planteó la elección de candidato para mediados del año, mientras las encuestas lo degradan progresivamente. El paso del tiempo sólo le va dejando la opción de ratificar la alianza que sostiene desde el 2010 con el partido de gobierno.
Al concluir el año parece haber fracasado, una vez más, el propósito de diversos grupos emergentes por constituir una candidatura de amplio espectro que ofreciera una opción alternativa a los insatisfechos con el sistema partidista dominante.
Una vez más la campaña electoral se basa en una saturante propaganda partidista y aunque los candidatos han acudido a diversas instancias sociales para exponer planteamientos, el año concluye sin que ninguno haya presentado un programa de gobierno.
El anuncio del presidente Leonel Fernández de que dispondrá de 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, enciende de nuevo los temores de que el abuso de los recursos del Estado empañe el proceso electoral democrático.