El concordato fue firmado entre la Iglesia Católica y la dictadura de Rafael L. Trujillo en 1954. Fue un acuerdo de naturaleza política, diplomática y económica, amén de otros beneficios particulares, para ambas partes.
La Iglesia firmó acuerdos con Benito Mussolini, en Italia, con Adolfo Hitler, en Alemania, porque necesitaba establecerse con firmeza en un período de la historia de grandes cambios políticos, culturales e ideológicos, y con ello logró de paso un reconocimiento diplomático como Estado, pese a que en los pocos metros que tiene en Roma, donados por Mussolini, no hay configurado un Estado, no hay una población, no hay un concepto de nación, y más bien lo que hay estructurado es un conglomerado de jerarcas y burócratas que administran una religión, que tiene presencia en una gran parte del mundo.
En la práctica, todas las naciones que firmaron acuerdos con la Iglesia han optado por cambiar esos acuerdos. En algunos casos, como en Colombia, era necesario establecer el cambio de manera constitucional, y así se hizo.
La República Dominicana terminó con la dictadura de Trujillo siete años después de que se firmara el concordato. Trujillo quería que la Iglesia le reconociera el divorcio católico, que había consumado, y que dejó por lo menos una hija. Y la Iglesia, por una cuestión de dogma, considera que los matrimonios religiosos son indisolubles. Pero a Trujillo le facilitó el divorcio, bajo el argumento de que una de las partes no estaba en su control mental y que el matrimonio nunca fue válido. A cambio del concordato.
Y desde entonces, el nuncio apostólico en República Dominicana es el Decano del Cuerpo Diplomático, se le brindan todas las exoneraciones, se le permite decidir el sistema educativo dominicano, se le paga dinero a los obispos, a las diócesis, el Estado le entregó todas las edificaciones en que opera la Iglesia, le construye otras, y se firmó el llamado Vicariato Castrense, mediante el cual se le otorgan rangos militares a los obispos y cardenales y la Iglesia tiene presencia en todas las ramas militares.
Las iglesias cristianas insisten en que el Estado termine ese acuerdo y de paso a un nuevo acuerdo que sea más equitativo, tomando en cuenta que la Constitución dominicana eliminó la posibilidad de que este sea en Estado confesional. El Estado dominicano es laico.
Y el Estado respeta y trata igualmente a todas las confesiones religiosas. Pero en la práctica no es así. El concordato está vigente y tiene un peso específico en las relaciones con el Estado. La única forma de terminar con este acuerdo es que el gobierno, representado por el Poder Ejecutivo, denuncie el acuerdo, y le solicite a la Iglesia una nueva negociación, que incorpore elementos nuevos de derechos y deberes, que en este caso corresponde a ambos firmantes.
La Iglesia Dominicana no ha querido solicitar el cambio. Pudo haberlo hecho como una forma de negar su relación ventajosa con el trujillismo. Ha insistido en que permanezca ese acuerdo, como un lastre, una vergüenza que arrastra a toda la sociedad dominicana.
Y los políticos, ante el silencio de la Iglesia, no han querido tampoco que se ponga fin a ese acuerdo desigual, que más bien debe servir de mal ejemplo y de vergüenza para todos aquellos que siguen involucrado con el principal lastre trujillista que le queda a la sociedad dominicana.