El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) dio a conocer esta semana un documento en que reclama del gobierno y del propio sector privado una actitud diferente a las que hasta el momento habían adoptado respecto de las mafias que controlan el transporte de carga y el transporte público.
Para el CONEP la mayor preocupación es el transporte de carga, porque la mafia que lo controla, bajo un nombre sindical, representa una de las más graves retrancas al desarrollo empresarial y al buen clima de negocios en la República Dominicana.
No son pocas las empresas que han tenido que abandonar operaciones lícitas, inversiones que generaban empleos y desarrollo de actividades productivas, debido a que estos grupos de transportistas se creen dueños de las calles y del transporte de carga, y tienen capacidad para el chantaje y para detener las operaciones de cualquier empresa en el momento en que lo deseen, si no les entregan más del 50 por ciento de las operaciones de transporte.
Es lo que el país ha visto desde hace muchos años. Aquí mucha gente ha sido víctima de violencia y del chantaje de estos empresarios que no aceptan los métodos democráticos sino la extorsión y la violencia. Si un transportista es miembro del sindicato de vehículos pesados y realiza cargas tiene garantizado su negocio, con capacidad para disponer del precio a cobrar, incluso por encima del precio del mercado. Y así lo encarecen todo y hasta hacen fracasar inversiones.
El CONEP ha dado en el clavo con su mensaje al gobierno. Hay que detener las mafias del transporte, y para ello se requiere voluntad política, responsabilidad institucional y aplicar las normas legales que existen sobre el comercio lícito en la República Dominicana.
Cualquier empresa, nacional o extranjera, para realizar transporte de equipos, materias primas o cualquier objeto de forma cotidiana, debe hacerlo en vehículos del sindicato de transportistas. No puede hacerlo en vehículos propios. Hemos visto incluso empresas de zonas francas paralizadas por decisiones abusivas de sindicatos de transportistas reclamando cuotas.
Todo el mundo sabe que hay grupos que operan violentamente, utilizando armas de fuego, incautando mercancías, en el caso de que no se utilicen los servicios del sindicato de transportistas. Y eso quien debe pararlo es el gobierno. Le corresponde a las autoridades restablecer el orden, y es lo que ha reclamado el CONEP en su comunicado y en la reunión con las autoridades del gobierno, que recibieron a la cúpula del gremio empresarial en el Palacio Nacional.
Pocas veces el CONEP había sido tan claro en su criterio sobre este asunto. “No podemos seguir padeciendo el bochorno e indignidad del transporte de pasajeros que tenemos y las empresas y los productores no pueden crecer y desarrollarse con un transporte de carga sustentado en un grosero abuso de una posición dominante”.
Es lo que ha dicho el CONEP en su comunicado de esta semana. Tiene que seguir diciéndolo y reclamar libertad empresarial para las actividades del transporte, como ocurre en otras áreas.
El CONEO está claro sobre la oscuridad que ampara al sector transporte, en el que verdaderas empresas se ocultan bajo la figura de sindicatos. Esto ha sido caldo de cultivo para hechos dolosos en perjuicio del Estado y graves atentados contra la seguridad pública y la paz social. Y los empresarios y directivos del CONEP tienen toda la razón.
Corresponde al gobierno, a la sociedad y al propio sector empresarial no permitir que este chantaje y extorsión continúen. No es lícito y por tanto hay que rechazarlo. “Nuestro país necesita un nuevo ordenamiento del transporte, lo que implicará acciones institucionales y administrativas, que garanticen el orden, el respeto a las leyes, la competitividad y el libre mercado, tarea que debe ser asumida de inmediato por el Estado y la sociedad”. Así debe ser y ojalá que sea en erste gobierno que se logre ese propósito.