El divorcio entre el gobierno y el Consejo Económico y Social se produjo después de la designación de una comisión independiente para investigar las razones del déficit fiscal, los responsables de que se produjera y las consecuencias legales que podrían derivarse del mismo.
Tan pronto hubo consenso, y se designó una comisión encabezada por el abogado Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana, el gobierno decidió interrumpir la búsqueda de consenso sobre la reforma tributaria.
Independientemente del cese de las conversaciones, y de que el gobierno prefirió irse al ámbito del Congreso Nacional, donde tiene control político casi absoluto, el CES tiene todavía una carta importante por jugar: el informe de la comisión designada para recomendar medidas de carácter jurídico sobre los responsables, si los hubo, del astronómico déficit fiscal.
Hay que esperar que el CES siga cumpliendo con sus obligaciones. Si esto termina, y se impone la reforma tributaria, y no hay consecuencias para los responsables del descalabro de la economía, el rol del CES estaría quedando sepultado desde hoy y para siempre.
Ojalá que el informe sea digno de los miembros del CES, los mismos que recomendaron al gobierno reducir 59 mil millones del presupuesto de gastos del 2013.
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