Las direcciones de Compras y Contrataciones y Etica e Integridad Gubernamental dieron un paso importante ayer, jueves, al depositar un expediente en la Procuraduría General de la República para que sean investigados los funcionarios involucrados en la contratación irregular de numerosos contratistas para la aplicación de asfaltado caliente en numerosas vías de distintos puntos del país, sin licitación, sin apropiación de fondos presupuestarios y sin ninguna transparencia.
El procedimiento se produjo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuando aún era ministro el señor Gonzalo Castillo, quien luego se convirtió en candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Ya el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, dijo que los fondos involucrados, 11,500 millones de pesos, fueron distribuidos entre los beneficiarios, y no existe constancia de que el trabajo “contratado” se haya realizado, ni que los fondos entregados se utilizaran en los servicios para los que dicen los papeles que se necesitaba. La sospecha es que ese dinero fue a parar a la campaña electoral del partido oficial, y que el principal receptor fue precisamente el candidato presidencial oficialista, Gonzalo Castillo, que es precisamente quien firmó los contratos de adjudicación de los servicios.
Como ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo comprometió su responsabilidad penal. Los fondos se entregaron del presupuesto del 2020. El déficit del presupuesto del 2020 es de 418 mil millones de pesos, según las revelaciones de Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Las cuatro instituciones públicas involucradas ya tienen muchos documentos a manos. Compras y Contrataciones ya certificó que no hubo licitación, y que se violentó el procedimiento normal de asignación de contratos en el Estado. La Dirección de Etica e Integridad Gubernamental certificó que en la acción oficial hubo falta de la normativa ética y de transparencia, a que están obligadas las instituciones públicas. La Dirección de Presupuesto dijo que no hubo respeto por la apropiación de los fondos, y ahora toca a la Procuraduría General de la República analizar los documentos y proceder con el rigor legal para que un tribunal conozca el caso y establezca las sanciones correspondientes.
Lo que manda la ley es que en casos así el funcionario responda con su propio patrimonio el monto de dinero involucrado. Gonzalo Castillo tiene ante los tribunales un gran desafío para demostrar que actuó de buena fe, que había una emergencia y que los contratos eran para resolver urgencias por el mal estado de las vías. Ese puede ser un argumento. Necesitará buenos abogados. Por lo pronto pasará un buen rato en los tribunales, entre abogados.
El magistrado Wilson Camacho, director interino de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tiene en sus manos el expediente. Es su primer gran expediente en la posición. Esta semana tomó juramento provisional luego de la renuncia de Laura Guerrero Pelletier.
Que este sea el primer caso que maneje el ministerio público independiente podría ser emblemático y sintomático. El principal imputado es el candidato presidencial perdedor de las elecciones del 5 de julio del 2020, quien coincidencialmente era ministro de Obras Públicas. Otros funcionarios están involucrados, y contratistas del Estado. Habría que esperar que los “beneficiarios” sean interrogados y hagan revelaciones que probablemente nadie espera.
Este juicio podría ser un parteaguas en la justicia dominicana. La esperanza podría estar, para los imputados (si los hubiere) en que los jueces de los tribunales dominicanos tienen tendencias políticas o ideológicas definidas, y hasta podrían derrumbar algunos casos. Dependerá de cómo quede formulado el expediente. Precisamente la Procuradora Miriam Germán Brito ha dicho que los expedientes que salgan de su área serán bien sustentados, y que ella respetará la Constitución y la presunción de inocencia.
Es ahora, a menos de un mes de iniciado el nuevo gobierno, cuando se inicia la gran batalla por la transparencia y la lucha contra la corrupción, que fue la demanda que tiñó de verde las calles y plazas de la República Dominicana, cuando existía el movimiento Marcha Verde.