Desde el año pasado a los medios de comunicación digitales, y a los diarios impresos con versiones digitales, han llegado numerosos requerimientos, por vía de actos de alguaciles, solicitando compasivamente que historias que han sido publicadas sobre los casos en que ellos fueron imputados por organismos oficiales sean eliminados o sus nombres borrados de esas historias, dado que pasados los procesos han quedado libres, por haber cumplido las sanciones o por haber sido encontrados no culpables de los hechos que se les imputaron.
La mayor parte de los reclamos están relacionados con imputaciones por tráfico de drogas o contrabando, y por crímenes supuestamente cometidos. En la mayoría de los casos no se trata de historias generadas por los medios de comunicación, sino que han llegado incluidos en las notas que remiten departamentos de comunicación del Ministerio Público, de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio de Defensa o de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Los reclamantes al parecer han esperado varios años para que se produzca su descargo o el cumplimiento de la pena por el delito cometido, y al parecer contratan abogados que les garantizan conseguir rápidamente que serán excluidos de esas historias periodísticas, que dejan rastros permanentes, y que son buscados y encontrados digitalmente con facilidad.
Normalmente los actos de alguaciles llegan con una intimación de que las notas sean eliminadas, o los nombres de sus representados, en un plazo franco de un día, y al parecer han tenido éxito, porque una buena parte de los medios impresos excluyen de inmediato de su memoria digital los nombres. En Acento hemos recibido y seguimos recibiendo intimaciones en ese sentido, y acudimos a los tribunales a defender nuestro criterio, pese a lo que ello representa en términos de tiempo y recursos.
La intimación está dirigida a los diarios digitales. Una historia periodística publicada por un impreso, o por un canal de televisión, es imposible de recoger. Esas historias no pueden ser borradas. Las que preocupan son las que resultan rastreables en los diarios digitales. Si se trata de una persona que ha cometido un delito y ha cumplido la pena que le fue impuesta, se trata de una historia con valor moral. Los medios de comunicación no están obligados a borrar esas historias, ni debían hacerlo, pese a que algunos jueces han dictado sentencia de que esas historias periodísticas sean borradas o mutiladas.
Es un tema relacionado con la labor periodística y sobre la que los tribunales dominicanos tienen que pronunciarse. Si se persiste en que las historias publicadas sean mutiladas no se podrá contar con los periódicos al momento de contar la historia. Un diario digital opera con características muy parecidas a como opera un diario impreso. ¿Por qué un juez puede dictar un sentencia para que un nombre sea borrado de un registro periodístico luego de que han pasado 10 años de su publicación, y no puede hacerlo sobre un diario impreso?
La presión que se está colocando sobre los diarios digitales es injusta, y quienes lo hacen son abogados que abusan de cierto poder de chantaje. Para cualquier medio es más fácil recoger el original de la historia publicada y borrar un nombre o borrar totalmente la historia, antes que someterse a un juez y tener que acudir a varias audiencias con sus abogados. ¿Y la historia? ¿Y el derecho que tienen las instituciones y los ciudadanos a conocer la verdad sobre personas que han cometido delitos, y que sus referencias permiten conocer datos que pudieran ser importantes en negocios, contratos o transacciones con vocación futura?
La Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional tendrán la oportunidad de tomar decisiones sobre estas cuestiones, y si de verdad se trata de conflictos de derechos: El derecho a la intimidad o al buen nombre que alega tener una persona que ha cometido crímenes, y ha sido condenada y cumplida su sentencia, o el derecho de las personas que fueron acusadas y descargadas de las imputaciones que se les formularon.
¿Dónde queda el rol del periodismo, de registrar y dar a conocer historias de personas que han cometido violaciones? ¿Por qué los diarios digitales son acosados del modo en que lo hacen con frecuencia algunos abogados para que los nombres de sus clientes sean excluidos de las historias publicadas hace ya varios años?
En realidad, con estos acosos judiciales los diarios digitales que aceptan el chantaje están siendo forzados a falsear la historia. Y falsean la historia es un delito mayúsculo, aunque lo exija un abogado oportunista.