Algunos gremios han lanzado un movimiento para presionar por la asignación del 5% del Producto Interno Bruto para la Salud. Esos grupos están tratando de replicar el movimiento que hubo en el país durante más de un año para obtener el 4 por ciento del PIB para la educación.

Hay que establecer las distancias entre un movimiento y otro. Se creó la Coalición por una Educación Digna, se hicieron estudios y se organizó una  campaña de presión y concienciación para colocar la educación en el centro del debate. La coalición por la educación sigue presionando con evaluaciones trimestrales sobre la ejecución del presupuesto educativo.

Para el gobierno de Danilo Medina el cumplimiento de ese pacto ha sido un éxito. Educación es el tema que la población le otorga mayor reconocimiento a la gestión del gobierno, de acuerdo con las encuestas. Se realizan inversiones impresionantes en obras de infraestructura, y el gobierno financia proyectos de política social con esos fondos, como los programas de alfabetización, las estancias infantiles y algunas iniciativas adicionales, como Quisqueya Empieza Contigo y Quisqueya Aprende Contigo.

La salud es fundamental para la sociedad dominicana. Los hospitales requieren atenciones, equipos, calidad, higiene, personal, medicamentos y muchas otras condiciones para ofrecer servicios adecuados a la población. Lo que proponemos podría ser odioso, pero hace falta un poco de racionalidad en esta nueva propuesta. El Presupuesto Nacional ha sido canibalizado con los porcentajes para temas de responsabilidad de la administración pública. Un porcentaje es para la justicia, otro para la educación, otro para el Congreso Nacional, otro para los ayuntamientos, otro para los partidos políticos.

Al gobierno le estaría quedando alrededor de un 10 por ciento del presupuesto nacional para realizar las inversiones y seleccionar prioridades de políticas públicas. Si se destina el 5% del PIB a la educación estaríamos dejando muchas otras prioridades sin atender, sin recursos, y lo que hace falta en salud -antes de exigir una mayor asignación de recursos- es mucha organización, racionalización y determinar con claridad las ventajas que trae al sector salud, en particular al ente rector Ministerio de Salud Pública, la ley de Seguridad Social y otras iniciativas oficiales. ¿Hasta cuándo vamos a permitir la existencia de instituciones que sobran como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)?

Insistir en atribuir el 5% del PIB a salud no se corresponde con ningún programa, de ninguna organización. Es cierto que hay países que destinan ese monto y más, pero lo hacen dentro de una lógica organizada, con planes específicos. Es probable que el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana ni siquiera tenga la capacidad para administrar un presupuesto de 120 mil millones de pesos.

Segundas partes nunca fueron buenas. Es un dicho que se repite por todos lados. Hace falta más atención al sector salud, pero ello no quiere decir que haga falta duplicar el presupuesto de salud. Además, ¿por qué no se habla de un porcentaje del Presupuesto Nacional y se habla solo de un porcentaje del PIB? Son cosas diferentes.

Para el caso de educación se aprobó una Ley General de educación que estableció el 4% del PIB o el 16 por ciento del Presupuesto Nacional. Los gremios de salud que piden este aumento no han llegado al Congreso Nacional a pedir el debate sobre esta cuestión. Por tanto, hay que pensar muy bien este tipo de demanda, porque tienen su origen en una concepción errónea sobre las políticas de salud del Estado y en particular sobre la forma de suplir las necesidades de salud de la población dominicana.