La República Dominicana ha tenido un Código Penal que siempre condenó el aborto. El artículo 317 del actual Código Penal es claro y condenatorio de cualquier práctica de interrupción voluntaria del embarazo.
En la República Dominicana no existen estadísticas confiables, pero se sabe que cada año se practican de manera ilegal más de 100 mil abortos. Y esos abortos que se realizan no ocurren únicamente por malformación congénita, ni violación o incesto o porque la madre esté en peligro. Ocurren como una opción voluntaria de las embarazadas, que optan por no continuar un embarazo no deseado.
Esa es la realidad. Por más prohibición que ha habido, ni el Estado, ni las iglesias, ni los obispos, ni los partidos defensores de continuar con la penalización han logrado absolutamente nada para que esta práctica sea interrumpida. Incluso, algunos de los que se oponen a la propuesta del presidente de la República, de que existan tres eximentes de responsabilidad penal con la interrupción del embarazo, si se les analiza a fondo, veremos que tienen intereses y hasta estarían involucrados con actividades ventajosas para ciertos sectores que esta ilegalidad auspicia.
Yeni Berenice Reynoso, la fiscal del Distrito Nacional, ha ofrecido una declaración que resulta oportuno tomar en cuenta: Ha dicho que en 14 años tiene en el Ministerio Público, en Santiago y en la capital, no ha conocido la primera condena que se haya producido en la justicia por la realización de abortos. Pese a la prohibición del Código Penal, pese a la existencia de tantos moralistas y militantes por el derecho a la vida, como se autodefinen, no hay respuesta a esta tragedia de los abortos ilegales.
Por eso es un abuso y un irrespeto llamar al presidente de la República, Danilo Medina, abortista como lo han hecho algunos pastores evangélicos, o decir que el presidente auspicia el asesinato o el crimen del no nacido. Lo que el presidente ha hecho es establecer muy claramente tres eximentes de responsabilidad penal en materia de interrupción voluntaria del embarazo. No se está autorizando el aborto, se está previendo salvar vidas, y en particular las vidas de mujeres pobres, como ha dicho Yeni Berenice Reynoso.
“Nosotros no podemos darnos el lujo en la República Dominicana de condenar a la mujer a muerte, a las mujeres más pobres que son en realidad las que se ven en esa situación y no tienen ni seguros y se van a hospitales donde no les van a practicar un aborto, por lo que van a lugares no seguros”. Con estas palabras la Fiscal del Distrito Nacional describe una situación horrible, a la que ha hecho referencia el presidente de la República.
“Las causales de la despenalización que propongo son verdaderas tragedias que escapan a la voluntad de la mujer. Ninguna mujer quiere enfermedad de gravedad durante el embarazo, tampoco ser violada, ni mucho menos que la criatura que lleva en el vientre sufra malformaciones que hagan imposible la vida después del nacimiento. Estas son circunstancias funestas que muchas veces tienen consecuencias calamitosas para la mujer que las sufre”, ha escrito el presidente de la República en su comunicación al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.
Lo que se espera es que el Congreso Nacional entienda estas razones. Tiene la obligación de legislar para toda la sociedad, no por la voluntad de ningún grupo religioso. El presidente Danilo Medina ha sido muy elocuente, y ha ofrecido su testimonio personal y familiar sobre este tema, que debían asimilar los diputados y senadores.
El país espera que los legisladores asuman este desafío como algo institucional y de justicia.