Las muertes simultáneas de un periodista, José Silvestre, y la del oficial Robinson Suárez Suárez, segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, miembro de la seguridad personal del diputado Pelegrin Castillo, en la mañana de este martes, mueve a nuevas preocupaciones sobre el estado de descalabro de la seguridad ciudadana.

José Silvestre realizaba su labor periodística en La Romana, en donde había denunciado vínculos del narcotráfico con personajes de la vida pública y estaba bajo amenaza, hasta el punto que debió salir de esa provincia por un tiempo. Sin embargo, lo persiguieron, lo secuestraron y lo asesinaron.

Este hecho tiene múltiples vertientes de investigación. Es un crimen que debe ser investigado profundamente, sin que las autoridades se permitan atenuantes o desviaciones. Todas las versiones que pudieran surgir, incluso las que intenten dañar la reputación de la víctima, tienen que ser investigadas, conociendo que la víctima es el periodista y de paso la libertad de expresión.

Este caso ofrece claros vínculos de intolerancia. Si hay autoridades que deban ser investigadas, que se haga la investigación. Las implicaciones de este crimen contra José Silvestre van dirigidas contra la libertad de expresión y contra todos los profesionales del periodismo que ejercen su derecho de informar y de opinar y de señalar los errores y las negligencias de nuestras autoridades y el sistema político.

Mientras más rápidamente pueda indagar el Ministerio Público y la Policía Nacional las motivaciones e implicaciones del crimen contra José Silvestre más tranquilidad recibirá la ciudadanía. Claro está, el Fiscal de La Romana, José Polanco Ramírez, podría ser parte interesada, pues fue uno de los que judicialmente persiguió al periodista y mantenía una disputa con él.

En el caso del oficial de la FAD, Robinson Suárez Suárez, hay que tomar en cuenta las circunstancias en que resultó muerto. En un gesto de solidaridad con un ciudadano que estaba siendo asaltado por delincuentes, en la intercepción de la avenida Abraham Lincoln con José Andrés Aybar Castellanos, trató de evitar la tropelía y resultó mortalmente herido. Iba en dirección a la oficina política del licenciado Pelegrín Castillo, a quien acompañaría hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas.

Castillo es un político activo, miembro del Congreso Nacional, aspirante a la presidencia de la República por la Fuerza Nacional Progresista, y por demás hijo del abogado Marino Vinicio Castillo, asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo y presidente de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción.

Que se investigue si hay elementos adicionales a un simple hecho fortuito, y que se descubra a los criminales y se les castigue con todo el peso de la ley por el crimen cometido. La vida del oficial Suárez Suárez fue marchitada en pleno disfrute de su juventud y su familia y allegados sufren hoy terriblemente su pérdida repentina.

En ambos casos se trata de hechos criminales que han sembrado más desazón y miedo en la sociedad, que todavía no sale del asombro por otros crímenes ocurridos recientemente y que suceden por hechos que ni siquiera ameritan una discusión.

El gobierno tiene que fortalecer la política criminal, en manos de la Procuraduría General de la República, y evitar que la impunidad reine en casos tan ominosos como estos dos.