La Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial identificó a cuatro juezas como prevaricadoras, por comprobarse que tomaron decisiones para favorecer a delincuentes, de los cuales recibieron pagos de altas sumas de dinero.

Dos magistradas fueron destituidas por el Consejo del Poder Judicial y otras dos fueron suspendidas. Quienes se beneficiaron con las decisiones fueron criminales y narcotraficantes, que obtuvieron su libertad mediante sentencias favorables de las juezas.

Los reportes señalan a las juezas Enilda Olivares Bonifacio, Josefina Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura, del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís, y la magistrada Claudia Canaán Díaz, del Juzgado de Instrucción de Santiago Rodríguez, vinculadas (las magistradas) con los señores Winston Anderson Vélez Gutiérrez (El Chacal), y a los supuestos narcotraficantes Pascual Antonio Núñez Rodríguez y José Antonio Espinal, este último señalado como el jefe del grupo más peligroso de la región Noroeste.

Vélez Gutiérrez fue acusado de asesinar a Cecilio Fermín Dominguez en septiembre de 2014, pero fue declarado no culpable por las juezas del Tribunal Colegiado, no obstante haber admitido durante el juicio que disparó “una ráfaga” apuntando a Fermín Domínguez, quien resultó muerto. La sentencia que lo dejó en libertad es la número 136-031-2017.

La magistrada Olivares Bonifacio fue señalada por prevaricación al comprobarse un depósito en la cuenta bancaria de su hija menor de 2 millones de pesos, sin que pudiera justificar el origen de esos fondos.

Del mismo modo las otras magistradas del Tribunal Colegiado, Díaz Marte y Rosario Ventura, tienen productos financieros, bienes inmuebles, participación societaria que no pueden justificar, y que constan en documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos y el Departamento de Lavados de Activos del Ministerio de Hacienda

En cuanto a la jueza de Instrucción de Santiago Rodríguez, Claudia Cannán Díaz, se le atribuye haber favorecido a un traficante de cocaína, no declarar cantidades de dinero que manejaba desde su casa, entre otras irregularidades.

Hasta aquí el relato de las irregularidades detectadas, confirmadas y documentadas por la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial. El Consejo ya decidió cancelar a dos de las juezas y las otras dos están suspendidas en lo que concluyen nuevas indagaciones que se realizan.

¿Todo concluye con la cancelación y separación del poder judicial de estas juezas?

Y qué pasará con las grabaciones que se hicieron de la jueza de Santiago Rodríguez negociando sentencias con el gobernador provincial y con el juez Sergio A. Furcal, del Departamento Judicial de Santiago.

¿Cuáles son las actuaciones que se desprenden a partir de ahora de parte del Ministerio Público, para que estas personas paguen penalmente por los delitos cometidos? ¿Sus bienes serán incautados o no?

Es meritoria la labor de la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial, que realiza su trabajo con precarios recursos, pero que rinde sus frutos con identificaciones de irregularidades y tráfico de influencias como estas que se han identificado a estas juezas, y que ponen en entredicho la honorabilidad, pulcritud y honestad con que se sirve la justicia en la República Dominicana.

Debíamos aspirar a que la Inspectoría General del Poder Judicial pueda actuar con los casos de magistrados prevaricadores en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, donde también los hay, e investigar los casos denunciados de corrupción y prevaricación en magistrados de altas cortes del poder judicial, pero a los que resulta poco probable que lleguen por las muchas conexiones y colindancias, especialmente políticas, que existen.