La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acaba de dar un palo "acechao" a la mayoría de la sociedad dominicana, al proponer un Código Penal que excluye las tres excepciones en las cuales la mujer podría decidir la interrupción o continuación de un embarazo (si se ha comprobado que el feto es inviable, si la vida de la madre peligra o si el embarazo es el fruto de una violación y/o incesto).
Desde que en 2016 el Poder Ejecutivo, por decisión del presidente Danilo Medina, devolviera al Congreso el entonces aprobado Código Penal observando que se debían de incluir las tres excepciones recomendadas por los especialistas y reclamadas por las mujeres, poco o nada se ha avanzado.
Con razón, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general, rechazaron la decisión de la Comisión Justicia e instaron al pleno de los diputados a no acoger esa recomendación.
“No vamos a aceptar una legislación que no reconozca que hay situaciones dramáticas a las que puede verse enfrentada cualquier mujer, cualquier familia, en República Dominicana. Es abusivo obligar a una mujer a continuar un embarazo cuando se ha comprobado científicamente que no va dar vida; es abusivo imponerle a una niña mantener un embarazo después de haber sido violada, en estos casos debe ser decisión de la mujer y la familia, nunca una obligación”, advirtieron.
Los legisladores, se supone, se deben a su pueblo. ¿No son las mujeres parte de ese pueblo?
Por otra parte, el doctor Víctor Terrero, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), calificó de cobardía la actitud de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que excluyó el tema del aborto en tres causales, en la recomendación sobre el Código Penal.
“Esto es una irresponsabilidad histórica y una falta de respeto a la mujer dominicana”, dijo Terrero, al reclamar que se retomen las recomendaciones contenida en la enmienda que hizo el presidente Medina al Código Penal.
Habría que preguntarse a qué responde la vacilación que han mostrado algunos diputados y senadores cuando se trata de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a proteger su vida y su salud, y en fin a planificar su futuro.
Los legisladores, se supone, se deben a su pueblo. ¿No son las mujeres parte de ese pueblo?